Peajes en Salta: diputados piden revisar el cobro y no descartan ir a la Justicia

La nueva tarifa en Cabeza de Buey despertó cuestionamientos de usuarios y legisladores, que presentaron un proyecto para que Nación transparente el contrato y las inversiones de la concesionaria. Desde el 7 de octubre rige un esquema de cobro que, según los impulsores de la iniciativa, podría vulnerar la Ley de Defensa del Consumidor.

El diputado provincial por Metán, Rodrigo García, explicó que la presentación ante la Cámara Nacional busca obtener información precisa para ejercer el control legislativo. "La información hoy es el bien más preciado. Si no la tenemos, ¿cómo podemos legislar en consonancia?", planteó en diálogo con InformateSalta.

Qué pide el proyecto

La iniciativa solicita que se revise de manera inmediata el cobro del peaje en Cabeza de Buey, administrado por AUNOA-Autovía del NOA, que opera el Corredor Noroeste a lo largo de 596 kilómetros e incluye tramos de las rutas nacionales 9, 34, 66, 1V66 y A016.

Entre los puntos, se reclama a Nación que haga públicos el contrato de concesión, los pliegos, el régimen tarifario, las inversiones comprometidas y el cronograma de obras. "Necesitamos información precisa y contundente acerca de cuáles son las obligaciones de esta empresa", sostuvo García.

El proyecto también apunta a revisar el funcionamiento del TelePASE y las alternativas de pago electrónico. Para un automóvil, la tarifa vigente informada en Cabeza de Buey es de $1.850,10 con TelePASE y $3.700,20 mediante pago manual electrónico. Sin embargo, la forma de pago no fue informada por AUNOR.

"No sabemos si hay que bajar una aplicación, si te otorgan un chip para pasar. Hay mucha gente que no quiere ni tiene la obligación de sumarse al mundo tecnológico", aseguró el legislador, y advirtió que esta falta de información podría derivar en una "violación a la Ley de Defensa del Consumidor".

En ese marco, no descartó recurrir a la Justicia mediante una acción de amparo. "La modernidad no puede ser contemplada como un castigo para aquel que no quiera acceder al famoso TelePASE a través de un chip", afirmó.

Inversiones bajo la lupa

García aclaró que el planteo no busca eliminar el cobro del peaje. Reconoció que la tarifa anterior de $1.500 podía resultar insuficiente para sostener el servicio, pero remarcó que el valor debe analizarse junto con las inversiones comprometidas, la ubicación de las cabinas y el estado de las rutas.

"Todos estamos conscientes de que debemos pagar un peaje para el uso de la ruta, pero esa ruta tiene que reunir todas las condiciones de seguridad, calidad, mantenimiento y asistencia al viajero", afirmó.

El proyecto también pide revisar las inversiones, ya que no se informó qué sectores serán intervenidos primero, qué tipo de obra se hará, cuántos kilómetros comprenderá cada intervención, cuánto se invertirá ni cuándo deberían estar terminados los trabajos.

"El problema es que habían anunciado una serie de obras en un determinado tiempo y que recién se iba a poner el precio del peaje acorde a la inversión", recordó García, y señaló que en realidad hicieron lo contrario.

El diputado destacó que todas las rutas necesitan intervención, aunque puso el foco en algunos tramos críticos: "Rosario de la Frontera-Metán, Metán-Juramento, son un desastre. Cruz Quemada es otro sector que está bastante complicado. El Estado, Corredores Viales, Vial Cinco y todas las empresas no han hecho el mantenimiento correspondiente", sostuvo.

Los próximos pasos

Tras la presentación, la iniciativa deberá avanzar en el ámbito legislativo. Una de las alternativas es tratar el tema en la Comisión de Obras Públicas y convocar al titular de Vialidad Nacional, ya sea al recinto o a la comisión correspondiente, para que brinde explicaciones sobre el contrato, las tarifas y las inversiones previstas.

El legislador insistió en que el objetivo es obtener información concreta para evaluar el funcionamiento del sistema y determinar si se están respetando las condiciones establecidas. En paralelo, dejó abierta la posibilidad de recurrir a la Justicia si consideran que existen vulneraciones a los derechos de los usuarios.

Por ahora, el proyecto busca que las autoridades nacionales revisen el esquema de cobro y transparenten las obligaciones de la concesionaria.