¿Qué cambió en las rutas pampeanas para que el Gobierno avance con el peaje? La cifra que comparó el ministro Intronati entre 2016 y hoy explica la decisión, pero el proyecto todavía tiene un competidor radical con otro esquema de cobro.
El debate por el cobro de peajes en las rutas de La Pampa dio un paso formal este martes: el plenario de las comisiones de Hacienda y Presupuesto, Legislación General y Asuntos Agrarios emitió dictamen de mayoría para la iniciativa del Poder Ejecutivo y un despacho de minoría para el proyecto de la UCR. De los tres proyectos presentados, solo se trató uno en profundidad.
El texto oficial, con modificaciones, consiguió respaldo en dos de las tres comisiones: Hacienda y Presupuesto y Legislación General. En Asuntos Agrarios, en cambio, fue rechazado. La propuesta radical corrió la suerte inversa: no prosperó en las dos primeras pero obtuvo despacho favorable en Agrarios.
El plenario estuvo encabezado por Daniel Lovera, Liliana Robledo y Andrea Valderrama, al frente de cada una de las comisiones. Así, quedaron planteadas dos visiones distintas sobre cómo instrumentar el cobro y administrar los fondos.
Qué dice el proyecto del Ejecutivo
La iniciativa oficial se llama “Administración del cobro de peaje en rutas provinciales” y apunta a los vehículos que no están radicados tributariamente en La Pampa, con excepciones expresas. Crea el Fideicomiso Rutas Pampeanas, que manejará Fiduciaria La Pampa SAPEM.
La recaudación, descontados los gastos operativos, se repartirá en un 90% para Vialidad Provincial y un 10% para municipios y comisiones de fomento, con destino al mantenimiento de los caminos vecinales. El proyecto también prevé modalidades de cobro remoto, mientras que Vialidad conservará las tareas de construcción, reparación, mantenimiento y control de cargas.
El argumento del Gobierno: de 66 a 903 camiones
Antes de la votación, los legisladores escucharon a los funcionarios que explicaron los alcances de la propuesta: el ministro de Hacienda y Finanzas, Guido Bisterfeld; el de Obras Públicas, Alfredo Intronati; el presidente de la Dirección Provincial de Vialidad, Rodrigo Cadenas; el titular de Fiduciaria La Pampa SAPEM, Diego Ullán; y el director de Asuntos Legales de Vialidad, Matías Regazzoli.
Intronati centró su exposición en el crecimiento del tránsito pesado, en especial por el transporte de arena que va desde Entre Ríos hacia Vaca Muerta. Para dimensionarlo, comparó los registros de 2016 con los actuales.
“Nosotros en la provincia de La Pampa, camiones que venían directamente desde Entre Ríos, con arena, circulaban alrededor de 66 camiones”, señaló el ministro. Hoy, según precisó, son 903 los camiones que atraviesan la provincia con ese destino.
“Esa situación ha cambiado el esquema en cuanto al flujo de camiones, lo cual a nosotros, desde el Gobierno de la provincia de La Pampa, nos ha llevado a tomar la decisión de avanzar con este proyecto de ley”, sostuvo.
El funcionario también planteó que los recursos provinciales no alcanzan para sostener el mantenimiento de la red vial. “Los recursos provinciales que fueron presentados hace poco en el presupuesto no están siendo suficientes para poder sostener la demanda que tenemos hoy en las rutas provinciales”, explicó.
Cómo se cobraría y cuánto costaría
El mecanismo previsto combina tótems con barreras y pago electrónico, un esquema intermedio entre las cabinas tradicionales y el sistema automático Free Flow. La primera etapa se concentraría en la ruta provincial 20, por el volumen de camiones que circula por ese corredor. Más adelante, el sistema podría extenderse a las rutas provinciales 18, 1 y 14.
En cuanto a las tarifas, Intronati indicó que se tomó como referencia un valor equivalente a tres dólares cada 100 kilómetros, que se ajustará según el peso del transporte. Es un criterio, dijo, que se usa en sistemas de peaje de rutas nacionales y provinciales de otras jurisdicciones.
El ministro remarcó que los vehículos que tributan en La Pampa quedarán exentos del pago.
La propuesta radical: cabinas, pesaje y audiencias previas
El proyecto de Hipólito Altolaguirre (UCR) crea el “Régimen de Contribución por Uso de Infraestructura Vial y Control de Cargas” y pone a la Dirección Provincial de Vialidad como autoridad de aplicación, con facultades para administrar, recaudar y fiscalizar.
En una primera etapa plantea dos cabinas: una sobre la ruta provincial 1, entre la ruta nacional 5 y la ruta provincial 14, y otra sobre la ruta provincial 18, entre la ruta nacional 35 y la ruta provincial 9. Incorpora pesaje obligatorio, balanzas dinámicas y tecnología como TelePASE. La tarifa de referencia sería el precio de un litro de Gasoil Grado 3 de YPF en Santa Rosa.
Los vehículos radicados en La Pampa y al día con el impuesto quedarán exentos, y el transporte de cargas con origen y destino dentro de la provincia tendrá una bonificación del 40%, acreditada con la Carta de Porte Electrónica. Los fondos irían al Fondo de Mantenimiento Vial Estratégico, para bacheo, repavimentación, señalización, seguridad vial y equipamiento de control.
La UCR, además, rechaza el fideicomiso, pide que el 100% de lo recaudado vaya a infraestructura y exige audiencias públicas previas.
El tercer proyecto, el que quedó afuera del plenario
La tercera iniciativa es de Espartaco Marín, Marcela Páez y León Nicanoff y se denomina “Peaje petrolero y autovía”. Plantea una contribución especial para los camiones que transportan arena hacia Vaca Muerta, con excepciones para vehículos particulares y para el transporte vinculado con la producción pampeana patentado en la provincia.
Lo recaudado se destinaría al mantenimiento y la reparación de la red vial provincial y a la construcción de una autovía en los corredores donde se concentra ese tránsito. Marín habló de un escenario de unos 1.000 camiones diarios durante 15 años y sostuvo públicamente que las empresas petroleras podrían afrontar un peaje de alrededor de 10 dólares por camión, aunque también mencionó alternativas de uno, dos o tres dólares.
Los tres proyectos tienen diferencias en los vehículos alcanzados, el sistema de cobro, la administración de los fondos y el destino de la recaudación. Ahora la discusión se traslada al recinto, donde el oficialismo buscará convertir en ley su propuesta.