Peaje en rutas pampeanas: quién pagará y quién quedaría exento, el punto que define el debate

Funcionarios del Ejecutivo provincial defendieron este lunes en la Legislatura el proyecto de ley que busca cobrar peaje en las rutas de La Pampa. La iniciativa apunta a costear el deterioro que genera el tránsito pesado de Vaca Muerta, con una condición central: que los pampeanos no paguen.

La exposición se dio en un plenario conjunto de las comisiones de Hacienda y Presupuesto, Asuntos Agrarios y Legislación General de la Cámara de Diputados. Participaron el ministro de Obras Públicas, Alfredo Intronati; el presidente de la Dirección Provincial de Vialidad, Rodrigo Cárdenas; el titular de Fiduciaria La Pampa SAPEM, Sergio Ullán, y asesores legales y técnicos del área vial.

El avance del tránsito pesado

Intronati puso el foco en el vínculo con la actividad hidrocarburífera neuquina. “No hay ninguna cuestión que investigar, sino ponerle nombre, que es todo lo que tiene que ver con la relación de Vaca Muerta y el tránsito obligado que tiene por la provincia de La Pampa”, afirmó el ministro.

Los números que presentó son contundentes: el flujo de camiones pasó de un promedio de 380 por día a unos 800, y en algunas jornadas supera las 1.000 unidades. También apuntó contra el estado de los corredores nacionales. “Reconocemos que hay inversiones que no se han hecho desde hace muchísimo tiempo, pero hoy el abandono es total. No queremos que la situación de las rutas nacionales, la emergencia vial que tiene La Pampa, se sufra en las rutas provinciales”, sostuvo.

Tarifa estimada y destino de los fondos

Cárdenas aportó las estimaciones económicas. Según detalló ante las consultas de los legisladores, se proyecta una tarifa de referencia de 3 dólares cada 100 kilómetros recorridos, lo que representaría alrededor de un 20% más en el presupuesto anual ordinario del organismo vial.

El esquema se instrumentaría mediante un fideicomiso que, según remarcaron los funcionarios, tendrá únicamente función recaudadora para agilizar el proceso y sumar tecnología. Las licitaciones de bacheo y señalización quedarán 100% en manos de Vialidad. Del total recaudado, el 90% irá a rutas pavimentadas y el 10% restante a los municipios para conservar caminos vecinales que conectan con la red troncal.

Intronati fue tajante sobre quién debe afrontar el costo. “El objetivo es que el pampeano no pague. Si el que hace uso de las rutas provinciales lo hace, que pague; pero que el que tributa en La Pampa no lo haga. El objetivo del Ejecutivo es eximir al que ya tributa”, expresó.

Ruta 20, el caso testigo

Cárdenas advirtió sobre el daño acelerado que provocan los camiones areneros para el fracking: hoy circulan unos 880 por día, cerca de 5 millones de toneladas anuales, y la cifra podría triplicarse a 2.640 rodados diarios en una década. “Hoy una ruta que tenía diez años de vida útil tiene tres, porque esa cantidad de ejes que soportaba la estructura se alcanzó antes de tiempo”, ejemplificó.

El caso más crítico que citó es la Ruta Provincial 20. El mantenimiento de sus 193 kilómetros demanda unos $20.000 millones al año, mientras que reconstruir los 137 kilómetros más comprometidos requeriría aproximadamente $274.000 millones. “Necesitamos 5 o 6 años solo para realizar una inversión medianamente decorosa para la necesidad que hoy requiere la Ruta 20 en caso de que siga siendo utilizada por estos areneros. Este proyecto busca tratar de minimizar este impacto”, concluyó.

En cuanto a la tecnología para el cobro, se adelantó que en una etapa preliminar se usarían tótems de registro para luego migrar a esquemas automáticos de flujo libre (Free Flow).