Paro universitario en Chaco: la paritaria no alcanza y esperan una sorpresa del Gobierno

El paro universitario de 24 horas volvió a sacudir al Chaco con una protesta que unió a docentes, no docentes y trabajadores de la ciencia. La convocatoria a una nueva paritaria para septiembre no logró desactivar el conflicto, y los gremios advierten que la negociación salarial no cubre las pérdidas acumuladas en 2024 y 2025.

En Resistencia, la movilización se concentró al mediodía en la rotonda de avenidas Castelli y Las Heras, cerca de dependencias universitarias y del Conicet. Allí, los manifestantes ondearon banderas y pidieron a los automovilistas que tocaran bocina en señal de apoyo, mientras el reclamo por la Ley de Financiamiento Universitario volvía a ocupar el centro de la escena.

¿Por qué la paritaria no frena el paro?

Marisu Liwsky, secretaria general de Codiunne, fue contundente: el llamado del Gobierno nacional a una paritaria para el 1 de septiembre no resuelve el problema de fondo. “La negociación salarial de este año no reemplaza la recomposición correspondiente a las pérdidas acumuladas durante 2024 y 2025”, explicó en diálogo con Radio Facundo Quiroga.

La jornada de protesta se enmarcó en el paro nacional convocado en las universidades públicas y coincidió con las acciones del sistema nacional de ciencia y técnica. En Chaco, la confluencia tuvo un matiz especial: Codiunne ya tenía prevista una actividad con los sectores científicos y decidió sumar el reclamo universitario. “En realidad es un paro que salió por la ventana”, describió Liwsky, al tiempo que cuestionó el protagonismo de la UBA en la convocatoria.

El malestar por el centralismo porteño

La modalidad de la protesta también dejó al descubierto diferencias internas en el movimiento gremial. Liwsky criticó la mirada centralista que, según ella, predomina en Buenos Aires a la hora de definir medidas que luego se aplican en todo el país. “Critico el centralismo desde los unitarios y federales. Somos de la Liga Federal”, resumió.

Durante el plenario del lunes, Codiunne planteó que ya existían actividades programadas en las provincias y que una convocatoria definida desde la UBA no podía ignorar las realidades de las demás universidades. La dirigente señaló que las necesidades salariales “son las mismas con distintas condiciones externas”, aunque identificó tres problemas comunes: los salarios, los recursos para funcionamiento y el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

300 días de una ley sin cumplir

La aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario es, para Codiunne, la principal cuenta pendiente. Liwsky recordó que la próxima semana se cumplirán 300 días desde su aprobación, sin que se hayan instrumentado los mecanismos reclamados. “Lo que prevé la ley es recuperar todo lo perdido en 2024-2025, en salario, en becas y en presupuesto”, explicó.

La dirigente cuestionó que una norma con amplia mayoría legislativa y que resistió el veto presidencial haya quedado suspendida por un decreto del Ejecutivo. Además, desestimó el argumento de la falta de fondos: “Aparecen fondos porque estaban muy complicados con el enojo que había para desactivar el conflicto que iba creciendo, pero ahora no hay fondos para aplicar la ley”, ironizó.

Expectativas bajas y plan de lucha

Liwsky admitió que las expectativas sobre la paritaria del 1 de septiembre son reducidas. Ya está acordado un incremento del 3% para ese mes, un porcentaje que los sindicatos consideran insuficiente frente a la inflación. “Vamos a ver, ojalá que nos sorprenda el Gobierno, esa capacidad de sorprendernos todavía no la perdimos”, sostuvo.

Mientras tanto, el plan de lucha continuará. La próxima semana habrá jornadas de protesta con abrazos simbólicos a las universidades, volanteadas y clases públicas. Y si no hay avances, no se descartan nuevas medidas de fuerza hacia la semana del 24 de septiembre. “Es probable que tengamos medidas donde haya paros de 24 y 48 horas”, adelantó.

La batalla judicial

El conflicto también tiene su capítulo judicial. Los gremios esperan una resolución que obligue al Gobierno a cumplir la ley, amparados en una medida cautelar firme. Liwsky cuestionó que una norma aprobada por el Congreso pueda quedar suspendida por decreto y advirtió que las liquidaciones de julio y agosto no incorporaron los fondos que, según la interpretación sindical, deberían sumarse.

La respuesta del Gobierno

Desde el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, calificaron el paro como “ilegítimo” y lo atribuyeron a motivaciones políticas. La cartera aseguró que las transferencias al sistema universitario están al día y que se cumplen las obligaciones salariales, de funcionamiento y de hospitales. También reivindicó el acta paritaria del 10 de junio, cuyos incrementos, según el Ejecutivo, se están abonando en tiempo y forma.

Para los gremios, sin embargo, ese acuerdo no salda la deuda con los salarios de 2024 y 2025. Esa diferencia explica por qué la convocatoria a la paritaria no consiguió frenar las medidas de fuerza.