Paro docente en Santa Cruz: Nación anuncia inspecciones para garantizar el 75% de clases

El lunes 3 de agosto, los gremios docentes de Santa Cruz, ADOSAC y AMET, se sumarán al paro nacional convocado por CTERA. Mientras tanto, el Ministerio de Capital Humano confirmó que enviará inspectores a las escuelas para verificar que se cumpla con el servicio esencial que exige el 75% de la actividad habitual. La medida de fuerza promete ser un nuevo capítulo de la disputa entre el Gobierno y los sindicatos.

¿Qué reclaman los docentes?

El paro, impulsado por CTERA a nivel nacional, tiene como ejes centrales la convocatoria urgente a la paritaria nacional docente, un incremento salarial que equipare la canasta familiar, la restitución del FONID y mayor presupuesto para infraestructura escolar. Además, los gremios rechazan el proyecto de Ley de Libertad Educativa y defienden la Caja de Previsión Social (CPS).

En Santa Cruz, ADOSAC difundió un flyer convocando a la medida, mientras que AMET también confirmó su adhesión. Los docentes provinciales se suman así a una jornada que promete ser contundente.

La respuesta del Gobierno nacional

El Ministerio de Capital Humano, a través de un comunicado oficial difundido este sábado, anunció que la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social realizará una supervisión muestral en establecimientos educativos de todo el país. El objetivo: controlar el cumplimiento de la Ley N.º 27.802, que declara a la educación como servicio esencial y establece que durante las huelgas debe garantizarse el 75% de la prestación habitual.

El texto oficial advierte que, si se detectan incumplimientos, "se activarán los protocolos para aplicar las sanciones que correspondan". Además, la cartera nacional exhortó a todos los integrantes del sistema educativo a priorizar el derecho de niños y adolescentes a recibir clases.

¿Qué hay detrás de la disputa?

La aplicación de la Ley 27.802 no está exenta de polémica. La declaración de la educación como servicio esencial fue impugnada por organizaciones sindicales, y el Juzgado Nacional del Trabajo N.º 74 dictó una medida cautelar que suspendió provisoriamente esa declaración. Sin embargo, el Gobierno nacional apeló la resolución y sostiene que la obligación de garantizar el servicio mínimo permanece vigente hasta que haya una decisión judicial definitiva.

De esta manera, el paro del lunes no solo será un reclamo salarial, sino también un escenario de tensión por la interpretación de una ley que divide aguas. Los docentes, por su parte, ya anticiparon que la lucha continuará.