Pararon tres combis con 60 trabajadores y solo uno era de Andalgalá: la huelga que estalló en la mina

Unos cincuenta desocupados de Andalgalá iniciaron una huelga de hambre seca frente a las oficinas del proyecto minero MARA. Reclaman que la empresa y sus contratistas cumplan con la Ley Provincial de 'Compre y Contrate Preferentemente Catamarqueño' y prioricen la contratación de trabajadores de la zona.

Diego Santillán, vocero de los manifestantes, explicó en diálogo con La Isla FM 107.9 que la medida extrema responde al agotamiento de las vías de diálogo. Denunció que las grandes contratistas y subcontratistas traen personal de otras provincias, dejando relegados a los locales.

"Paramos tres combis con 60 personas que iban a trabajar al yacimiento; de todas ellas, solo una era de Andalgalá. Nos mienten en la cara diciendo que no hay trabajo, mientras traen gente de afuera", expresó Santillán.

Según el vocero, en la zona operan más de 20 empresas proveedoras provenientes de Tucumán, Salta y La Rioja. Acusó a ciertos empresarios y funcionarios de favorecer las contrataciones externas mediante el sostenimiento de estructuras cerradas. La maniobra consistiría en imponer requisitos desmedidos, como exigir entre tres y cinco años de experiencia en minería, algo imposible de acreditar para los nuevos aspirantes.

Frente a la postura de las mineras, que justifican la exclusión argumentando la falta de mano de obra calificada local, Santillán fue categórico: "Aquí contamos con personal capacitado en múltiples áreas: maquinistas, electricistas, soldadores, especialistas en termofusión, montaje, obras civiles y técnicos en Higiene y Seguridad".

La huelga de hambre, al ser de carácter "seco" (sin ingestión de alimentos ni agua), ya generó las primeras descompensaciones físicas. "Durante las primeras horas, una manifestante debió ser trasladada de urgencia en ambulancia tras sufrir una severa descompensación, mientras que otro compañero requirió atención médica e hidratación en el hospital local antes de reintegrarse al acampe", sostuvo Santillán.

A pesar de los riesgos para la salud, los manifestantes afirmaron que mantendrán la postura de manera firme hasta obtener una audiencia formal con el gobernador, el vicegobernador o la ministra de Trabajo de la Provincia.

Susana, otra manifestante, apuntó contra la falta de políticas equitativas que garanticen a los andalgalenses una verdadera preparación técnica: "Las capacitaciones laborales suelen asignarse prioritariamente a los departamentos de Belén y Santa María, bajo el argumento de que la mina pertenece geográficamente a Belén, cuando todos sabemos que está aquí en Andalgalá". En esa línea, sostuvo que los cursos ofrecidos recientemente por el Gobierno "son una respuesta reactiva de las empresas ante las movilizaciones, y no una planificación real".

Al referirse al rol del Estado frente al conflicto, la vecina desocupada detalló los pasos a seguir: "Exigimos una mesa de diálogo y audiencia con la ministra de Minería, la ministra de Trabajo, el gobernador y el intendente de Andalgalá". El objetivo central de este pedido es "que el municipio y la cámara minera cumplan compromisos previos que documentaban la incorporación de cupos específicos de trabajadores locales", concluyó la andalgalense.