Pagó 66 cuotas de un plan de ahorro, nunca le entregaron el auto y un detalle del contrato terminó sellando la condena

66 cuotas, una adjudicación por sorteo y un cambio de modelo que pagó de su bolsillo: el auto nunca llegó. La Justicia revisó el argumento de la automotriz sobre las importaciones y encontró una diferencia clave en las fechas.

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Pagó 66 cuotas de un plan de ahorro, nunca le entregaron el auto y un detalle del contrato terminó sellando la condena
Pagó 66 cuotas de un plan de ahorro, nunca le entregaron el auto y un detalle del contrato terminó sellando la condena

Un vecino de Comodoro Rivadavia, Chubut, atravesó una de esas historias que cualquier comprador de un plan de ahorro teme: pagó durante años las cuotas de un Fiat, quedó adjudicado, abonó los cargos que le pidieron y el vehículo jamás apareció en la concesionaria. La Justicia terminó condenando a las empresas responsables a pagarle más de $47 millones.

La disputa judicial involucró a El Tenaz Automotores S.A. y a la administradora FCA S.A. de Ahorro para Fines Determinados. Los tribunales determinaron que las firmas incumplieron el contrato y, además, omitieron información clave que el comprador necesitaba conocer antes de firmar.

Cómo empezó la historia

El plan original contemplaba 84 cuotas para acceder a un Fiat Palio y había sido contratado en marzo de 2016. Cuatro años después, en octubre de 2020, el damnificado adquirió los derechos del contrato, que ya acumulaba 55 cuotas abonadas.

Poco después llegó la noticia esperada: el plan salió adjudicado por sorteo. Con la adjudicación en mano, el hombre formalizó el pedido de entrega el 27 de octubre de 2020, aunque decidió cambiar el modelo por un Fiat Argo HGT. Para concretar esa modificación desembolsó $188.742,12 en concepto de derecho de adjudicación y diferencia de valor.

El contrato establecía un plazo máximo de 120 días corridos para la entrega, que vencía en abril de 2021. El auto nunca llegó. Ante las demoras reiteradas y la falta de respuestas, el comprador rescindió el vínculo en septiembre de 2021 y reclamó la devolución de todo lo aportado.

El argumento de Fiat que la Justicia no aceptó

En sede judicial, la administradora del plan sostuvo que no había podido entregar el vehículo por las restricciones a las importaciones que había dispuesto el Gobierno nacional. Según su postura, esa situación configuraba un caso de fuerza mayor y la eximía de responsabilidad por el incumplimiento.

Los informes de la Inspección General de Justicia (IGJ) echaron por tierra esa defensa: la automotriz ya conocía las dificultades de importación antes de que se produjeran las adjudicaciones. Los magistrados concluyeron que la empresa nunca advirtió a los clientes sobre el riesgo de que los autos no pudieran entregarse en plazo. Peor aún, las advertencias sobre demoras empezaron a llegar cuando los ahorristas ya habían sido adjudicados.

Con ese panorama, el damnificado presentó la demanda en febrero de 2022.

Qué ordenó la Justicia y cómo se compone la cifra

En abril de 2024, el Juzgado Civil y Comercial Nº 1 de Comodoro Rivadavia reconoció el incumplimiento contractual y ordenó restituir el dinero aportado. En diciembre de ese mismo año, la Cámara de Apelaciones confirmó la responsabilidad de las empresas y elevó las sanciones.

La condena quedó integrada por varios rubros:

$41.872.535,53 por la devolución actualizada de las 66 cuotas abonadas.
$4.000.000 en concepto de daño punitivo por la conducta abusiva de las empresas.
$1.000.000 por daño moral, destinado a reparar las molestias y angustias ocasionadas, más los intereses correspondientes.
$188.742,12 por el reintegro de los cargos pagados durante la adjudicación frustrada.

La discusión por el valor de la cuota

Al momento de ejecutar la sentencia apareció un nuevo foco de conflicto. Fiat intentó calcular la devolución tomando un valor de cuota de $120.177,07, pero la Justicia determinó que debía aplicarse el de $334.264,37, un número que la propia empresa había reconocido en enero de 2025.

En abril de 2026, la Cámara de Apelaciones ratificó la liquidación y cuestionó las demoras adicionales que generó la automotriz durante el proceso.

El fallo dejó sentado que tanto la administradora del plan de ahorro como la concesionaria debían responder por el incumplimiento, con la devolución actualizada del dinero y las reparaciones reconocidas al consumidor.

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