Pagaron 825 mil pesos por una nena de 13 años y la esclavizaron: la condena que nadie esperaba

En un fallo que marca un precedente en la lucha contra la trata de personas, la Justicia Federal de San Juan condenó a tres integrantes de la comunidad gitana por captar y explotar a una adolescente de 13 años, a quien obligaron a casarse con su hijo y someterla a un régimen de servidumbre durante casi tres años.

El juez Daniel Doffo dictó una pena de 10 años de prisión para Alberto Cristo (45), Isabel Cristo (46) y su hijo Franco, además de una reparación económica de 75 millones de pesos para la víctima. La investigación reveló que los padres de la menor recibieron 825 mil pesos en Neuquén para concretar la unión forzada con el joven, que entonces tenía 20 años.

¿Cómo fue el calvario de la víctima?

Tras la transacción, la adolescente fue trasladada a Santa Fe, donde comenzó un infierno de violencia y explotación. Según los fiscales Fernando Alcaraz, Virginia Rodríguez y Alejandra Mángano (titular de la PROTEX), la nena era obligada a vender productos en la calle bajo condiciones climáticas extremas y a realizar todas las tareas del hogar. Los testimonios describieron un entorno de crueldad extrema: golpes, insultos, quemaduras con cigarrillos y agua caliente. Todo el dinero recaudado debía ser entregado a sus captores, bajo amenaza de ser privada de alimentos, incluso durante sus embarazos.

El rescate en Caucete y la reparación integral

El cautiverio terminó en diciembre de 2024 en la localidad sanjuanina de Caucete. La joven había sido trasladada allí junto a Franco y el hijo de ambos, pero un intento de la familia por llevarla nuevamente a Santa Fe por la fuerza desencadenó su liberación. En un descuido, la víctima intentó huir con su hijo en brazos por una estación de servicio. Un testigo alertó al 911 y, mediante cámaras de seguridad y la rápida intervención policial, se logró interceptar el vehículo donde la mantenían retenida.

El magistrado aplicó una perspectiva de derechos humanos integral. “El matrimonio infantil está prohibido por los tratados de derechos humanos”, destacaron desde la fiscalía. Para garantizar la reparación de 75 millones de pesos, se dispuso el embargo de bienes y el decomiso del automóvil utilizado en el traslado. Además, se ordenó comunicar la sentencia en “lenguaje claro” a las comunidades involucradas, buscando concientizar sobre la ilegalidad de estas prácticas en Argentina. Actualmente, la joven reside en Salta bajo programas de asistencia y acompañamiento estatal.