Pagaron 254 millones y la Justicia los sobreseyó: el insólito final de la causa contra KMG
¿Pensaban que la Justicia los iba a perdonar? La millonaria cifra que pagaron para evitar el juicio y el detalle de la maniobra que los tenía como acusados.
La empresa KMG, dos directivos, una despachante de Aduana y un socio gerente lograron cerrar un capítulo judicial que los tuvo en vilo durante cuatro años. El pago de casi 255 millones de pesos al Estado Nacional fue la llave para que el Tribunal Oral Federal de Ushuaia extinguiera la acción penal y los dejara sin inhibiciones empresarias.
La causa, que se originó en 2022, investigaba un presunto contrabando agravado de placas de video. La maniobra habría permitido a la firma acceder a dólares a un valor diferencial y generar una ganancia estimada en 300 millones de pesos, aprovechando además los beneficios de la promoción industrial.
¿Qué pasó con la importación de placas?
La Aduana detectó operaciones sospechosas relacionadas con la importación de placas de video de una marca poco conocida en el mercado. Estas placas eran provistas por una empresa radicada en Delaware, Estados Unidos, aunque su fabricación era china.
El valor declarado en la primera operación fue de 1.424.000 dólares estadounidenses, mientras que en la segunda alcanzó los 356.000 dólares. En total, más de 1,7 millones de dólares en mercadería que, según la investigación, ingresaba con documentos que no reflejaban la realidad.
¿Quiénes fueron los sobreseídos?
El acuerdo de reparación integral del daño benefició a la firma KMG, con sede en Río Grande, a dos directivos con domicilio en Buenos Aires, a la despachante de aduana Cinthia Giandoménico y al socio gerente de Ingeniería 65 S.R.L., una empresa de Ushuaia que habría prestado su nombre para una de las operaciones investigadas.
El monto abonado de manera conjunta fue de 254.887.911,78 pesos, una cifra que permitió extinguir la acción penal y evitar un juicio oral que podría haber terminado en condenas por contrabando agravado.
El delito imputado era contrabando agravado por el uso de documentos adulterados o falsos y por el valor de la mercadería. Sin embargo, el pago voluntario del resarcimiento económico al Estado Nacional, en el marco de la llamada “reparación integral del daño”, fue suficiente para que el tribunal de Ushuaia dictara el sobreseimiento.
Con esta decisión, los imputados quedan liberados de cualquier restricción empresarial y pueden continuar con sus actividades comerciales sin el peso de una causa penal pendiente.
