Otra vez citado por el caso del bebé de Rancul: el ministro fue con una condición y la comisión le dijo que no

El ministro de Desarrollo Social de La Pampa, Diego Álvarez, se presentó este jueves en la Legislatura ante la Comisión Investigadora que analiza presuntas irregularidades en el proceso de guarda y adopción del bebé de Rancul. Allí ratificó el accionar de los equipos de Niñez y sostuvo que los funcionarios se limitaron a cumplir una orden judicial.

Antes de entrar, el funcionario había presentado una nota a las 8 de la mañana para pedir algo puntual: ingresar junto a su equipo de gestión. La respuesta de la comisión, según relató, fue que cada uno debía declarar por separado.

La orden del Juzgado de Familia Nº 1 de General Pico

Álvarez explicó que la intervención del área se enmarcó en una orden emanada por el Juzgado de Familia Nº 1 de General Pico. "Hemos actuado conforme a derecho y conforme a orden judicial en todo el procedimiento", afirmó, y agregó que no existe otro tipo de actuación pendiente más allá de lo que ocurre en la comisión legislativa.

El ministro también recordó que quienes se expidieron en sede judicial ratificaron el accionar del organismo administrativo. Y sumó un dato: hace unos diez o quince días, el Ministerio Público Fiscal, competente para investigar posibles delitos, determinó que no se había cometido delito y que hubo un trato adecuado en las intervenciones del área de Niñez, tanto en Eduardo Castex como en la Dirección General de Niñez.

"No tenemos el mismo trato"

El eje de su descargo fue el trato que recibió. "Creo que hubo un destrato institucional muy importante por parte de la Comisión", sostuvo, y contó que cuando enviaron la nota de respuesta pidieron ecuanimidad, transparencia y una investigación seria y objetiva sobre las responsabilidades funcionales.

Según su versión, la familia, las abogadas patrocinantes y el Ministerio de Seguridad pudieron ingresar de forma conjunta, mientras que a su equipo se le impide sistemáticamente hacerlo como equipo de trabajo. "No hay ecuanimidad, no hay objetividad, no tenemos el mismo trato", insistió.

Álvarez relató además cómo se manejaron los tiempos de las citaciones: el miércoles a las 10 de la mañana convocaron al equipo de Niñez para las 12, con dos horas de margen, y no pudieron concurrir. Él tenía invitación para el jueves a las 10 y avisó que iría con el equipo. La respuesta llegó el miércoles por la tarde: entrarían de manera individual, como en toda la metodología de la comisión.

El ministro también cuestionó que tres diputadas de la comisión se hayan constituido en el despacho del Ministerio a pedir explicaciones, algo que, dijo, debería estar previsto en la normativa que regula a la Cámara de Diputados y a la comisión en particular.

El procedimiento del 4 al 7 de septiembre

Álvarez reconstruyó los hechos. El 4 de septiembre el equipo concurrió a Rancul y les dio a los involucrados la oportunidad de despedirse durante el fin de semana y restituir al niño el lunes 7 en General Pico. "Eso no sucedió, no fueron a Pico, sino que vinieron a Santa Rosa, presentaron un recurso administrativo, hicieron declaraciones que no iban a restituir el bebé y entonces había un incumplimiento de una orden judicial", afirmó.

Para el ministro, esa situación obligaba a los funcionarios públicos a actuar: "cualquier cosa que le hubiera sucedido al bebé a partir de que nosotros no cumplíamos la orden judicial, sí la responsabilidad caía en cabeza de cada uno de nosotros que tuvimos intervención directa".

Empatía con la familia, pero críticas al acompañamiento jurídico

El funcionario marcó distancia del "carancheo político" que denunció en su momento y aclaró que no lo decía por la familia. "Entiendo que actúa en base a su dolor y en su sentido de querer tener un niño por un camino que no es el adecuado", expresó, y sostuvo que mantiene la empatía pese a "las barbaridades" que, según dijo, manifestaron.

En esa línea, apuntó contra el acompañamiento jurídico que recibe la familia, al que calificó como tendencioso: "les han ido a hacer manifestaciones imprecisas, inadecuadas". Como ejemplo, recordó que el mismo día del procedimiento en Eduardo Castex decían que tenían una puerta abierta ante la Corte Suprema, algo que se desvirtuó ese mismo día cuando les rechazaron el recurso del Superior Tribunal.

Álvarez cerró su exposición con una defensa del procedimiento: dijo que siempre primó el interés superior del niño y su integridad psicofísica, aun en una medida que, aseguró, no fue lo que el área quiso. Y reclamó a los legisladores que investigan un sentido de colaboración para cumplir con el Estado de Derecho y con una orden judicial.