Orozco y Ortiz ya tienen fecha: el juicio que evita testigos, pruebas y cárcel

El exintendente de Las Heras Daniel Orozco y su esposa, la exsecretaria de Gobierno municipal Janina Ortiz, ya saben cuándo se sentarán frente a un tribunal por la causa de la "cooperativa fantasma". Será el martes 20 de octubre, a las 14, en la sala 18 del Polo Judicial de Mendoza, con la jueza Marina Martín al frente.

Pero no será un juicio oral común. Se trata de un juicio abreviado: no habrá testigos, no se exhibirán pruebas y todo se resolverá en una audiencia exprés. El acuerdo al que llegaron los imputados con el fiscal Juan Tichelli contempla tres años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Es decir, la libertad está garantizada.

Un cierre sin debate

La decisión de avanzar por la vía abreviada deja en el camino la posibilidad de un debate oral donde podrían haber declarado testigos, la querella y los propios acusados, además de exponerse públicamente las pruebas. También descarta que una condena de prisión efectiva, teniendo en cuenta que el peculado prevé penas de hasta diez años de cárcel.

Para Janina Ortiz, el acuerdo con la fiscalía también implica zafar de la causa por amenazas coactivas, donde estaba imputada por coaccionar a una empleada municipal para que se acostara con un funcionario y lo grabara, bajo amenaza de echarla si no lo hacía.

El desvío de fondos

Entre 2021 y 2023, Orozco, Ortiz y otros cinco imputados —funcionarios municipales y particulares— intervinieron en el direccionamiento de licitaciones y contrataciones para pagar servicios de limpieza que nunca se prestaron. Entre dos licitaciones y dos contrataciones directas, desviaron cerca de 36 millones de pesos, que en su momento equivalían a 200.000 dólares.

Los otros imputados, que aún no pidieron un juicio abreviado y que arriesgan penas de prisión por peculado, son el ex subsecretario de Políticas Sociales de Las Heras, Osvaldo Oyhenart; su yerno Juan Pablo Pandolfi; el exconcejal Matías Mostaccio; el contador Germán Herrera; y el changarín Adrián "Moco" Pérez, un analfabeto que Pandolfi y Mostaccio registraron como presidente de la cooperativa fantasma.

El respaldo del Gobierno

Más allá de la fiscalía, el Gobierno, querellante en esta causa, se manifestó a favor del acuerdo que les permitirá a Orozco y Ortiz evitar la cárcel. Fue el propio gobernador Alfredo Cornejo el que dijo estar "muy satisfecho".

Las otras cooperativas que nadie investigó

¿Crearon 24 cooperativas y sólo usaron una para robar? A fines de abril de 2023 comenzó a circular por distintas redacciones mendocinas un audio de 26 minutos. Había sido grabado camino a un hotel alojamiento y en él un hombre, posteriormente identificado judicialmente como Oyhenart, explicaba una mecánica para incorporar personas, utilizar cooperativas y conseguir pagos sin que necesariamente existiera una contraprestación laboral. El audio llegó a varios medios y Mendoza Post decidió investigar lo que decía.

La investigación posterior, publicada el 14 de junio de 2023, no encontró sólo una cooperativa. Encontró un fenómeno mucho más grande. En el período iniciado a fines de 2019, cuando Janina Ortiz asumió la Secretaría de Gobierno y Oyhenart quedó al frente del área de Políticas Sociales y del entramado cooperativo, se crearon 24 cooperativas de trabajo en Las Heras.

Naturalmente, crear cooperativas no constituye ningún delito. Muchas pueden haber trabajado y sostenido familias reales. Pero también obliga a formular una pregunta básica después de lo que encontró la Justicia en Manos a la Obra: ¿en ese universo de 24 entidades, la única utilizada irregularmente fue justamente la primera que la Fiscalía decidió investigar?

El primer informe del Post había individualizado cuatro organizaciones alrededor de las cuales existían razones suficientes para mirar con atención. Una fue Manos a la Obra. Las otras eran APROCUM, Abriendo Senderos y la Fundación Juntos X Vos.

En APROCUM y Abriendo Senderos aparecía repetido un nombre: Juan Pablo Pandolfi, contador y yerno de Oyhenart, y uno de los imputados por peculado en el caso que se judicializó por Manos a la Obra. Ambas organizaciones fueron reconocidas el 23 de diciembre de 2019, compartían prácticamente los mismos integrantes en sus autoridades y Pandolfi figuraba como presidente en una y tesorero en la otra. Entre las dos facturaron al municipio más de 6 millones de pesos; si se suma la facturación personal de Pandolfi, la cifra relevada entonces por el Post superaba los 7,1 millones.

Eso tampoco demuestra por sí mismo un delito, pero es difícil considerar irrelevante que el funcionario encargado del área tuviera a su propio yerno administrando dos entidades que contrataban con la Municipalidad que él integraba. Y menos todavía después de leer lo que terminó incorporado al expediente judicial.

La abogada Laura Giselle Kibysz, quien trabajó hasta septiembre de 2020 bajo la órbita de Oyhenart, declaró ante la Fiscalía que en su área trabajaban precisamente con Abriendo Senderos y APROCUM y que se habían realizado tres contrataciones directas. Identificó además a Pandolfi como presidente de una y tesorero de la otra. Pero su testimonio ofrece un cuadro bastante más incómodo que una simple relación familiar.

Kibysz contó en la Fiscalía de Juan Ticheli que llevaba controles de órdenes de compra y órdenes de pago. Según su declaración, cuando planteó que Pandolfi debía ser reemplazado porque acumulaba atrasos en la tarea, Oyhenart y Ortiz dejaron de convocarla a reuniones. Su jefe le comunicó después que le habían pedido que renunciara o fuera trasladada. Ella interpretó que el desplazamiento estaba relacionado con los controles que llevaba. Según surge del expediente, la situación llegó al punto de que intervino Néstor Gómez, marido de Kibysz y exfuncionario de Las Heras, quien habló directamente con Orozco para evitar que la mujer perdiera su trabajo y finalmente fue trasladada a Tránsito.

Pero el relato no termina ahí.

Kibysz declaró que su jefe, Felipe Martín Gutiérrez, también fue desvinculado. Según ella, Gutiérrez se había opuesto a su desplazamiento, a la formación de las cooperativas y al otorgamiento de subsidios a aquellas asociaciones —que no fueron investigadas a fondo— porque entendía que después sería difícil justificar los fondos y no estaba dispuesto a firmar esas solicitudes.

La cuarta entidad identificada por aquel primer trabajo periodístico del Post era Juntos X Vos. La había presidido Fabián Manzur, empresario, exasesor de Orozco y posteriormente candidato del mismo espacio. La fundación mantuvo convenios con Las Heras y, según la documentación obtenida, recibió $21,77 millones mediante distintos pagos por programas vinculados con escuelas de verano. Manzur sostuvo públicamente que las contrataciones estaban en regla.

Otra vez: que un asesor municipal tenga vínculos con una fundación contratada por la comuna no prueba un delito, pero si la investigación arrancó precisamente porque existía un patrón de entidades vinculadas a funcionarios o allegados que recibían dinero municipal, cuesta entender por qué el escrutinio penal que prometía abarcar ese universo terminó reducido exclusivamente a una cooperativa.