Ordenaron trasladar a Entre Ríos al cuñado de Aguilera: lo que la Fiscalía pidió para él

La jueza de Garantías de Paraná Marina Electra Barbagelata firmó un exhorto dirigido al juez Martín Luis Brites, del Juzgado de Instrucción Nº 3 de Puerto Iguazú, Misiones, para pedir la extradición de Alejandro Luis José Almada, cuñado de Juan Pablo Aguilera, quien está preso por corrupción en el marco del Megajuicio.

Almada, empleado de la Cámara de Diputados de 41 años, está imputado en la megacausa de los Contratos Truchos, caratulada como "Beckman Flavia Marcela, Scialocomo Esteban Ángel Alberto, Álvarez María Victoria s/Estafa". Su último domicilio registrado es Los Ceibos N° 1159, en Paraná.

Qué pidió la Justicia y adónde lo quieren llevar

El fiscal Ignacio Arramberry solicitó el envío de Almada desde Misiones a Entre Ríos. En esta causa, la Fiscalía pidió para él 10 años de cárcel.

La jueza Barbagelata dispuso su traslado desde la División de Detenidos de la Unidad Regional V de la Policía de Misiones, en Puerto Iguazú, hasta la Alcaidía de Tribunales de Paraná. Según la resolución, allí "permanecerá alojado a disposición del señor agente fiscal Dr. Ignacio Aramberry". El escrito precisa que, de autorizarse el traslado, se hará entre el día de la fecha y el 11 de septiembre de 2026, bajo custodia de la comisión policial de la Dirección Operaciones y Seguridad – División Tribunales- de la Policía de Entre Ríos.

La causa que lo tiene en la mira

Almada ya había pasado por Tribunales en 2021 para declarar en el megajuicio que terminó con una condena a 6 años y 6 meses de prisión para su cuñado Juan Pablo Aguilera.

La megacausa de los contratos presuntamente apócrifos en la Legislatura entrerriana abarca una investigación de una década, entre 2008 y 2018, y busca determinar el desfalco al erario público mediante contratos laborales truchos que habrían servido para conformar una red de recaudación de fondos para financiar la política.

A fines de mayo de 2021, el Ministerio Público Fiscal pidió elevar a juicio oral la causa. En un escrito de 540 páginas, los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry señalaron que, concluida la investigación penal preparatoria, correspondía remitir el caso a juicio previa realización de la audiencia. La petición fue elevada a la jueza Barbagelata, quien notificó a los defensores y al actor civil, la Fiscalía de Estado.

En ese momento eran 32 los imputados. Con el correr del proceso quedaron 18: 12 accedieron a suspensiones de juicio a prueba, Esteban Scialocomo acordó un juicio abreviado y el contador Gustavo Falco fue sobreseído.

Además de Bilbao, Beckman, Mena, Faure, De Breuil, Pérez, Almada, Aguilera, Díaz, Marta Pérez, Opromolla y Degani, también están imputados Sergio Esteban Cardoso, Diego Martín Pagnoni, Mariano Speroni, Juan Domingo Orabona, Jorge Fabián Lazzaro y José Javier Schneider.

A mediados de abril de 2025 accedieron a probation María Victoria Álvarez, Verónica Caíno, Alejandro Ferreyra, María Macarena Álvarez, Fernando Gastón Sarnaglia, Andrea Demartín, Nicolás Beber, Renato Mansilla, Guido Krapp, Jorge Pablo Balladares y Jazmín y Giselle Mena Gioveni.