Ordenan reincorporar a los despedidos de Granja Tres Arroyos: qué pasará ahora

El Gobierno de Entre Ríos intervino de lleno en el conflicto que mantiene paralizada a la planta de Granja Tres Arroyos en Concepción del Uruguay. A través de la Secretaría de Trabajo, dictó la conciliación obligatoria y dio una orden clara: la empresa deberá reincorporar de inmediato a todos los trabajadores despedidos.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Nº 363/2026 STySS, en el marco de la Ley Nº 14.786. La decisión se tomó ante la magnitud del conflicto y con el objetivo de preservar un ámbito institucional de diálogo entre las partes. La conciliación tendrá una vigencia de 15 días hábiles, comenzando a regir desde las 14 de este jueves.

¿Qué ordena la resolución?

El texto de la resolución es contundente: ordena retrotraer la situación al estado previo a la comunicación de los despidos, que se efectuó desde el viernes 7. En consecuencia, se intimó a Granja Tres Arroyos SA a reincorporar de manera inmediata a todos los trabajadores despedidos desde las 00.00 de ese día, y a abstenerse de tomar cualquier represalia contra el personal o la organización sindical.

Por su parte, el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación de Concepción del Uruguay (STIA) y los trabajadores fueron intimados a dejar sin efecto toda medida de acción directa y a retomar sus tareas de manera normal y habitual mientras dure la conciliación. El incumplimiento de lo dispuesto podría derivar en las sanciones previstas por la normativa laboral vigente.

¿Cuándo será la audiencia de conciliación?

La Secretaría de Trabajo fijó una audiencia de conciliación para el próximo jueves 20 a las 12, en su sede de calle Buenos Aires 166 de Paraná. A la misma deberán asistir representantes de ambas partes con poder de decisión suficiente. La medida busca preservar la paz social y encauzar el conflicto dentro del marco institucional correspondiente.

Mientras tanto, el gobierno provincial desplegó una serie de acciones para asistir a los más de 900 trabajadores de la empresa, cuya actividad está paralizada desde el 26 de mayo. Entre las medidas se destacan la entrega de 1.900 módulos alimentarios, la gestión de 825 solicitudes de subsidios de 200.000 pesos (cuyos pagos ya comenzaron y se ampliarán a 1.075 trabajadores), una tarifa social de energía eléctrica para 525 trabajadores durante dos bimestres y la gestión de una prórroga y refinanciamiento de la deuda que la empresa mantiene con Enersa.

También se elaboró un protocolo con el Hospital J.J. Urquiza para la atención y provisión de medicamentos a trabajadores con enfermedades crónicas afiliados al STIA, cuya obra social quedó desfinanciada por la falta de pagos de la empresa.