Ordenan juzgar juntas las tres causas del exjuez Bailaque: la cifra que quedó en el centro de la trama
Un exjuez federal, su esposa y un escribano se sentarán en el mismo banquillo por tres expedientes que la Cámara Federal decidió unificar. La trama incluye pagos mensuales, un terreno en Funes y una cifra en dólares que todavía resuena en los tribunales. ¿Qué resolvió la Cámara sobre la prisión preventiva?
La Cámara Federal de Rosario dispuso que las tres investigaciones que pesan sobre el exjuez federal Marcelo Bailaque, su esposa Graciela Martínez Maulion y el escribano Santiago Busaniche se ventilen en un único juicio oral. La decisión la firmaron los camaristas Aníbal Pineda y Elida Vidal, quienes además prorrogaron por seis meses —o hasta que se abra el debate— la prisión preventiva de Bailaque, que sigue cumpliendo con arresto domiciliario.
El pedido de unificación había sido impulsado por los fiscales federales Diego Velasco, Juan Argibay Molina, Federico Reynares Solari, Diego Iglesias, Matías Scilabra y Sergio Rodríguez. Las defensas del exmagistrado y del escribano rechazaron tanto la unión de los expedientes como la extensión de la medida de coerción. La esposa de Bailaque, en cambio, no se opuso a un solo juicio y hasta pretende que se realice cuanto antes para despejar su situación procesal.
En los fundamentos, los jueces remarcaron que las acusaciones se formalizaron de manera conjunta y que los tres legajos ya habían sido declarados conexos el 19 de noviembre de 2024. Existe, según los camaristas, una conexidad objetiva y subjetiva con un denominador común: las presuntas conductas ilícitas de Bailaque en su rol de juez federal. También advirtieron que avanzar por separado podría demorar el proceso y hasta producir sentencias contradictorias.
En los próximos días se sortearán los tres jueces que tendrán a cargo el juicio oral por el total de las causas. Así lo informó la Cámara Federal a través de un comunicado.
La trama de las causas
Una de las acusaciones, surgida de una investigación de la Procelac, le atribuye al exmagistrado tres hechos centrales. En ellos también aparecen involucrados el escribano Busaniche, el empresario Fernando Whpei y el extitular de la delegación local de la ex Afip —hoy Arca—, Carlos Vaudagna.
El primer hecho, según la acusación, se extendió desde mediados de 2019 hasta el 22 de noviembre de 2024. Bailaque habría coordinado con Whpei, Busaniche y Vaudagna una maniobra para impulsar actuaciones judiciales y fiscales contra los empresarios Claudio Iglesias y Jorge Onetto. El objetivo era dañar la reputación de Iglesias y entorpecer su carrera en empresas del Grupo San Cristóbal. Para evitar que lo perjudicaran en una causa penal, le exigieron 200.000 dólares, de los cuales la víctima entregó 160.000 entre octubre de 2019 y marzo de 2022.
El segundo hecho abarca de enero de 2019 a enero de 2025, cuando Bailaque era titular del Juzgado Federal N° 4 de Rosario. Se lo acusa de haber recibido pagos mensuales de Whpei a través de la mutual Siempre Joven por un total de 5.719.194 pesos. Según los fiscales, esos pagos estaban motivados por su condición de juez federal y se encubrieron con un contrato de locación de un inmueble de su propiedad en Caleta Olivia, Santa Cruz. Los ingresos se declararon como lícitos ante el fisco y el Consejo de la Magistratura.
El tercer hecho involucra a su esposa, Martínez Maulion. De acuerdo con la acusación, en agosto de 2020 ambos incorporaron al mercado formal fondos de origen ilícito mediante un contrato oneroso de cesión de derechos y acciones que una empresa constructora tenía sobre un lote en el complejo Vida Barrio Cerrado, en Funes. Pagaron 70.000 dólares en efectivo, un monto que —según los fiscales— era inferior al valor real de mercado. Desde entonces, el matrimonio tomó posesión del terreno y lo administró.
Por esta saga, a Bailaque se le atribuyen los delitos de prevaricato, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, allanamiento ilegal y falsedad ideológica de documento público; extorsión y concusión en concurso ideal; recepción de dádivas; y lavado de activos de origen ilícito agravado por su condición de funcionario público.
Puerto General San Martín y la conexión con Alvarado
Otra de las investigaciones está vinculada a la Cooperativa de Trabajadores Portuarios de Puerto General San Martín. Allí Bailaque fue acusado como autor de incumplimiento de los deberes de funcionario público y prevaricato en concurso real. Se le atribuye haber tomado decisiones jurisdiccionales contrarias a derecho y ocultado deliberadamente su relación con Whpei para favorecerlo.
La restante acusación se refiere a su actuación como juez en las investigaciones sobre la organización criminal liderada por el condenado jefe narcocriminal Alvarado. Fue presentada en noviembre de 2025 y también comprende al contador Gabriel Mizzau, quien recientemente se acogió a un acuerdo de partes.
En ese expediente se le imputa a Bailaque haber dictado resoluciones contrarias a las pruebas y a los impulsos fiscales entre 2014 y 2015, lo que paralizó las investigaciones y favoreció directamente los intereses de Mizzau, amigo personal del exjuez y contador de empresas utilizadas por la organización criminal. Los delitos atribuidos en este caso son incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de persecución penal y prevaricato en concurso ideal, en carácter de autor. La acusación describe una actuación jurisdiccional direccionada que se apartó deliberadamente de los deberes de imparcialidad, legalidad y persecución penal que le correspondían como magistrado federal.
