Ordenan frenar el proyecto León Marino: qué obras quedan prohibidas

La Justicia Federal de Río Grande le puso un freno a una parte clave del proyecto hidrocarburífero León Marino. La jueza Mariel E. Borruto hizo lugar a una medida cautelar y ordenó a las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited abstenerse de ejecutar varios actos centrales del emprendimiento.

La presentación fue impulsada por la Asociación Civil de Abogados, Abogado/as y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA) y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), en el marco de una acción preventiva de daño ambiental.

Qué actividades quedan alcanzadas por la cautelar

La resolución abarca la perforación del lecho o subsuelo marino, la instalación permanente de infraestructura submarina y conductos, las estructuras de fondeo, las unidades flotantes destinadas a producción, almacenamiento o descarga, y el inicio de la extracción comercial de hidrocarburos.

El freno también toca las obras terrestres y portuarias que sostienen esas actividades: ampliaciones portuarias, bases logísticas, plantas de preparación de lodos y cemento, depósitos de productos químicos e infraestructura de apoyo vinculada al emprendimiento.

Hasta cuándo rige la medida

La abstención se mantendrá hasta que se sustancie ante la autoridad ambiental nacional el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental previsto por los artículos 11 a 13 de la Ley 25.675 y recaiga la decisión correspondiente, o hasta que el juzgado disponga lo contrario.

Uno de los elementos que consideró la jueza fue un informe de la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental de la Nación. Según ese documento, con fecha 24 de febrero de 2026, no se había iniciado ningún aviso de proyecto ni procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental con las empresas mencionadas.

El proyecto en números

De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, el proyecto contempla 23 pozos, una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga, infraestructura submarina y obras terrestres y portuarias vinculadas.

Además, Rockhopper y Navitas deberán informar dentro de los diez días judiciales posteriores a su notificación el estado de ejecución del proyecto, el cronograma, los pozos, los contratistas, la estructura societaria, las entidades financieras, los desembolsos, las aseguradoras y los estudios ambientales, entre otros aspectos.

La medida es provisional y será revisada una vez incorporados los informes y producida la intervención de las demandadas.