Ordenan clausurar un pabellón de la Alcaidía de General Pico por las condiciones en las que estaban los presos

La Justicia pampeana ordenó la clausura inmediata del Pabellón 5 de la Alcaidía de la Unidad Regional II (UR II) de General Pico, tras comprobar condiciones inhumanas de detención. La medida fue dispuesta por el Juez de Ejecución Penal, Jorge Mauricio Pascual, quien hizo lugar a un hábeas corpus correctivo colectivo presentado por la defensa pública.

El reclamo fue impulsado por el Defensor General de la Provincia, Martín Saravia, junto a la defensora María Soledad Forte y el defensor adjunto Mauro Fernández, en representación de un grupo de internos. Denunciaron un déficit crítico de plazas y graves situaciones de hacinamiento, con especial foco en el Pabellón 5, que funcionaba como sector de aislamiento.

Las pruebas que presentaron los defensores

En la presentación del recurso, los defensores aportaron material fotográfico y actas de constatación que evidenciaron la dura realidad del lugar. Entre las principales falencias señalaron el colapso de las cloacas en las celdas, la presencia de plagas y la interrupción recurrente del servicio de agua potable durante la noche.

El magistrado, amparándose en el artículo 18 de la Constitución Nacional y en tratados internacionales de Derechos Humanos, ordenó que las personas alojadas en ese pabellón sean reubicadas de forma urgente en sectores que cuenten con camas individuales, luz natural, ventilación cruzada y sanitarios que garanticen su privacidad y correcta higiene.

En su resolución, Pascual subrayó que el Estado tiene la obligación ineludible de garantizar condiciones dignas en el cumplimiento de la privación de la libertad, evitando cualquier tipo de trato cruel, inhumano o degradante hacia los reclusos.

La intimación al Gobierno provincial

El fallo también apunta a la responsabilidad del Gobierno Provincial. El juez intimó al Ministerio de Seguridad y Justicia de La Pampa para que, a la brevedad, subsane el déficit de plazas mediante la provisión inmediata de camas, colchones y sábanas para los 73 detenidos que se encuentran alojados en la Alcaidía. De no cumplirse, advirtió que procederá a la clausura total del establecimiento.

Además, se ordenó la urgente reparación de la red sanitaria, la desobstrucción cloacal, la desinfección total de plagas y la restitución ininterrumpida del agua potable nocturna. En cuanto a la infraestructura carcelaria, el juez recordó que el Gobierno licitó en 2024 la ampliación del edificio con un plazo de 180 días. Al considerar que ese lapso está “cumplido holgadamente”, exigió el realojamiento de los condenados en esas nuevas instalaciones en caso de estar concluidas.

Finalmente, la resolución otorgó un plazo perentorio de 30 días para que el Ministerio elabore un plan estricto de separación por categorías de los detenidos. Eso incluye el traslado inmediato de 47 condenados hacia establecimientos específicos de ejecución de penas, con el fin de descomprimir la Alcaidía y garantizar el cumplimiento adecuado de las normativas vigentes.