Orden de protección ignorada: imputan al jefe de una comisaría por el femicidio de Natalia Cruz

Diez efectivos de la Comisaría N° 7 de Campo Quijano fueron imputados por no cumplir una orden judicial que ordenaba custodia fija para Natalia Cruz, víctima de femicidio en febrero de 2026. La fiscal María Luján Sodero Calvet, de la UFEM, confirmó que entre los acusados está el jefe de la dependencia, señalado por haber ordenado un informe falso para simular que la protección se había implementado.

La investigación surgió tras detectar fallas en el accionar policial. La Fiscalía de Derechos Humanos se sumó al equipo para profundizar las pesquisas. Según la hipótesis fiscal, Natalia Cruz tenía una medida judicial que disponía una consigna fija debido a los reiterados episodios de violencia de género que sufría por parte de su expareja. Esa custodia nunca se concretó, pese a que los uniformados sabían de la orden.

¿Qué pasó con la custodia?

Los investigadores sostienen que, después del femicidio, se confeccionó un informe policial con datos falsos. En ese documento se asentó un supuesto intento de cumplir la medida de protección, algo que nunca ocurrió. La fiscalía apunta a que el jefe de la comisaría promovió la elaboración de ese informe falso y no garantizó que se ejecutara la consigna.

El jefe de Guardia también fue imputado por haber ordenado la confección del documento y por omitir supervisar la medida. Ambos enfrentan cargos por falsedad ideológica e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso real.

Los otros imputados

Un suboficial y un oficial fueron imputados por falsedad ideológica. Uno de ellos habría firmado el informe falso, mientras que el otro transmitió la orden para elaborarlo. Además, cinco efectivos más —cuatro mujeres y un hombre— fueron imputados como coautores de incumplimiento de deberes de funcionario público por no haber adoptado las medidas necesarias para cumplir la custodia ni informar a la autoridad judicial.

La investigación también abarca presuntas irregularidades en el funcionamiento de la Comisaría N° 7 durante enero y febrero de 2026, vinculadas a la ejecución y control de consignas policiales en causas de violencia familiar y de género. El análisis de documentación y testimonios reveló deficiencias en organización, supervisión y registro de las medidas de protección.

La fiscalía asegura que las pruebas reunidas permiten avanzar para determinar las responsabilidades individuales de cada uno de los efectivos imputados.