Operaban con una concesionaria como fachada y el perjuicio ya supera los $175 millones

La Justicia dictó prisión preventiva por seis meses contra un matrimonio acusado de liderar estafas con la compraventa de vehículos desde una concesionaria de Yerba Buena. El perjuicio económico ya supera los $175 millones y la lista de víctimas sigue creciendo.

La medida fue dispuesta este viernes 24 de abril durante una audiencia de control de detención, formalización de cargos y pedido de coerción en el marco de la investigación contra la firma DG Automotores (DG Cars). La causa es impulsada por la Unidad Fiscal de Estafas, Usurpaciones y Cibercriminalidad II, a cargo de Fernando Blanno, y en esta instancia representada por la auxiliar de fiscal Daniela Briz Tomás.

Durante la audiencia, el Ministerio Fiscal imputó a Matías José Díaz Vier (40) como coautor y a su esposa Anabel García (37) como partícipe secundaria del delito de estafas reiteradas en al menos 12 hechos, en perjuicio de igual número de víctimas. No obstante, desde la Fiscalía advirtieron que ya se sumaron nuevas denuncias, por lo que el número de damnificados podría seguir creciendo. En paralelo, el juez interviniente hizo lugar al pedido de la Fiscalía y ordenó la declaración de rebeldía y captura de un tercer implicado, quien permanece prófugo.

¿Cómo operaba el esquema?

De acuerdo con la acusación, los imputados habrían desplegado un esquema organizado, con división de roles, utilizando la concesionaria como fachada para simular operaciones legítimas de compraventa de vehículos. A través de este mecanismo, ofrecían unidades, recibían autos en consignación o como parte de pago y percibían sumas de dinero que luego no eran restituidas.

Las maniobras incluían entregas parciales para generar confianza, utilización de terceros, simulación de créditos prendarios inexistentes, emisión de documentación apócrifa y transferencias sin autorización de los propietarios. En muchos casos, las víctimas perdieron tanto el dinero como los vehículos, o quedaron comprometidas con deudas generadas por operaciones fraudulentas. El perjuicio económico total fue estimado en $175.610.000, aunque no se descarta que la cifra aumente con el avance de la causa.

Riesgos procesales y antecedentes

Al fundamentar el pedido de medidas de coerción, la auxiliar de fiscal advirtió sobre los riesgos de fuga y entorpecimiento de la investigación, además de la gravedad de los hechos. “Estamos ante una estructura que operaba de manera sistemática, con maniobras sofisticadas. Ya hay nuevas víctimas y podrían surgir muchas más”, señaló.

Como elemento relevante, se incorporó el testimonio de una empleada doméstica que declaró haber presenciado la quema de documentación y el enterramiento de dinero, lo que evidenciaría maniobras de ocultamiento de pruebas. Asimismo, se informó que los imputados cuentan con antecedentes por hechos similares, incluyendo una probation previa, y que Díaz Vier registra además una causa en trámite en la provincia del Chaco.

El juez resolvió dictar prisión preventiva por seis meses para ambos imputados: Díaz Vier será alojado en un establecimiento penitenciario, mientras que García cumplirá arresto domiciliario con tobillera electrónica, en función de que tiene tres hijos menores de edad. La investigación continúa con numerosas medidas pendientes y no se descarta que se amplíe tanto la cantidad de imputados como de víctimas en una causa que sigue en pleno avance.