Once sobreseídos sin declarar: la apelación que puede reabrir el caso $LIBRA

Los inversores que perdieron millones con el colapso del token $LIBRA no se quedaron de brazos cruzados. Este lunes, el damnificado Juan Patricio Marchetto presentó un recurso para revertir el sobreseimiento que el juez Marcelo Martínez de Giorgi dictó el viernes pasado a favor del presidente Javier Milei, su hermana Karina y otros nueve acusados.

Marchetto, patrocinado por Juan Grabois —que interviene como letrado— y Nicolás Rechanik, se constituyó como pretenso querellante y apuntó sin filtro contra el magistrado y contra el fiscal Eduardo Taiano. En las próximas horas se espera una movida similar de Martín Romeo, otro de los perjudicados, con la firma del abogado Nicolás Oszust.

El escrito que incomoda a Comodoro Py

La apelación de Marchetto arranca con una definición contundente sobre el daño que le genera la resolución: “La decisión impugnada me ocasiona un gravamen irreparable en mi condición de damnificado por los hechos investigados, al disponer la clausura definitiva de una investigación penal mediante una fundamentación que no constituye una derivación razonada de las constancias incorporadas al expediente”.

El recurso cuestiona la lógica del fallo: sostiene que la resolución “presenta contradicciones entre sus premisas y conclusiones, confunde insuficiencia probatoria con atipicidad, efectúa una valoración fragmentaria de los elementos reunidos y omite justificar adecuadamente por qué las medidas investigativas pendientes carecerían de aptitud para modificar el resultado alcanzado”.

Para el damnificado, en lugar de cerrar la causa había material suficiente para citar a los imputados: “Las constancias reunidas no sólo impiden afirmar la atipicidad de los hechos con el grado de certeza negativa que exige un sobreseimiento definitivo, sino que exhiben un cuadro de sospecha suficientemente concreto para avanzar hacia la convocatoria de los imputados en los términos del art. 294 del CPPN”.

Los vínculos que el fallo dejó de lado

La presentación repasa una serie de pruebas que, según la defensa de los inversores, conectan a Milei y a su hermana con los intermediarios Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales. Entre los documentos figura el llamado “Kelsier Group LATAM Agreement” u “Oferta Irrevocable”, por un total de USD 1.550.000, con un adelanto de USD 300.000 y pagos mensuales de USD 250.000.

Según ese texto, el objetivo del vínculo era establecer una “asociación indirecta con el gobierno argentino” y garantizar una vía de acceso a Javier y Karina Milei. A eso se suman, siempre de acuerdo al escrito, movimientos patrimoniales ligados temporalmente a ese acuerdo.

Otro eje es la reunión que el impulsor de $LIBRA, Hayden Davis, mantuvo con el Presidente en la Casa Rosada el 30 de enero de 2025. La investigación reconstruyó que esa misma jornada y las horas siguientes hubo movimientos de fondos desde estructuras vinculadas a Kelsier hacia cuentas de intermediarios locales. La apelación también menciona una carta de intención fechada el día anterior, en la que Davis se ofrecía como asesor “ad honorem” en blockchain y Web3 y pedía contacto con el BCRA, la UIF y la CNV.

El escrito no deja afuera las comunicaciones: el peritaje del celular de Novelli reveló llamadas entre el trader y el Presidente en los minutos previos al lanzamiento del token. “Existen registros objetivos de comunicaciones entre uno de los principales organizadores investigados y el Presidente de la Nación durante los minutos inmediatamente anteriores al lanzamiento; existen operaciones realizadas instantes antes de que la información se hiciera pública; y existe, finalmente, la publicación presidencial que permitió que el público general conociera el contrato e ingresara al activo”, sostiene Marchetto.

Para el pretenso querellante, semejante cadena de hechos no puede descartarse como penalmente irrelevante: “tampoco puede sostenerse razonablemente lo contrario: que semejante concatenación de comunicaciones, operaciones y actos carezca de toda significación penal y permita clausurar definitivamente la investigación por atipicidad”.

Una valoración “fragmentada”

La apelación apunta a la metodología del juez y del fiscal: analizar cada elemento por separado para restarle peso al conjunto. “La resolución examina separadamente los distintos acontecimientos investigados y, al encontrar para cada uno de ellos una posible explicación desvinculada de una conducta delictiva, termina restándoles relevancia sin desarrollar suficientemente el significado que adquieren cuando son apreciados dentro de una misma secuencia”, plantea el escrito.

El rol presidencial ocupa un lugar central en esa crítica. El fallo reconoce que la publicación de Milei pudo darle al proyecto “una repercusión y visibilidad particulares” e incidir en la confianza de los compradores, pero no la cruza con los contactos previos ni con las comunicaciones detectadas. “Su significación probatoria dependía precisamente de establecer si formaba parte de una secuencia coordinada y qué conocimiento poseía cada uno de los intervinientes acerca de las circunstancias relevantes de la operatoria. La resolución, sin embargo, aborda predominantemente esos elementos por separado”, cuestionan.

Pruebas pendientes y llamadas clave

Los apelantes remarcan que quedaban medidas de prueba sin resolver, como la ampliación de la pericia de los celulares de Orlando Mellino y Camilo Rodríguez Blanco —señalados como “cueveros” que habrían operado como “rampa de salida” del dinero—, pedida a la DATIP en noviembre del año pasado y todavía en curso.

También enumeran episodios que, a su criterio, el juez y el fiscal omitieron:

- Las ocho comunicaciones entre Novelli y Javier Milei en menos de cuatro horas el 14 de febrero de 2025.
- La anotación “Pago Javier kari”, del 1 de noviembre de 2024 a las 21:24, recuperada del dispositivo de Novelli.
- El alta de más de nueve líneas prepagas a nombre del Presidente entre el 5 y el 6 de abril de 2025.
- El vaciado de las cajas de seguridad de Novelli por parte de su madre y su hermana, María Alicia Rafaele y María Pía Novelli, el 17 de febrero de 2025, primer día hábil después del colapso del token.

Para Marchetto, el fiscal perdió objetividad y el juez, imparcialidad. Y marca una contradicción de fondo: el sobreseimiento definitivo exigía certeza negativa —es decir, la constatación de que los hechos no ocurrieron—, algo que no se produjo. “Ninguna de las personas sobreseídas fue indagada. El juez cierra definitivamente la causa respecto de once personas sin haber escuchado a ninguna, sin que hayan dado su versión y sin haberlas confrontado con la prueba”, subraya.

La pelea por la legitimidad

Como Marchetto fue apartado como querellante, sus abogados anticipan que esa exclusión no lo deja afuera del expediente: “La exclusión del rol de querellante no transforma automáticamente al damnificado en un tercero ajeno a las consecuencias de la investigación, ni extingue los derechos que el ordenamiento jurídico reconoce a las víctimas”.

Además, sostienen que Casación todavía no revisó ese desplazamiento, por lo que la decisión no está firme y “en términos legales sigo con el rol de querellante y tengo el derecho al recurso”. Como antecedente citan el caso Ruta del dinero K, donde la Justicia habilitó a la asociación Bases Republicanas a intervenir pese a no haber participado de todo el proceso, por tratarse de una causa de interés para toda la sociedad.

Qué se juega en Casación

El futuro del expediente está atado a lo que resuelva la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Alejandro Slokar, Guillermo Yacobucci y Ángela Ledesma. Los camaristas deben definir si aceptan la queja que los damnificados presentaron antes de los sobreseimientos para revertir su apartamiento.

El camino previo no fue favorable: la Cámara Federal porteña, con los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, había ratificado la decisión de primera instancia y les negó la apelación. Si Casación les da la razón, los inversores vuelven a ser parte del expediente y sus planteos recuperan efecto directo. Si, en cambio, rechaza la queja, el sobreseimiento de Milei, su hermana y los otros nueve acusados quedaría firme, sin partes que puedan cuestionarlo.