Once exfuncionarios notificados por el Acueducto Gate: lo que el abogado denunciante reveló sobre los plazos

La causa por presuntas irregularidades en el Acueducto Gran Tulum se reactivó esta semana con una medida que involucra a once personas. La UFI Delitos Especiales notificó a exfuncionarios de las gestiones de José Luis Gioja y Sergio Uñac, y ahora la Justicia deberá resolver si avanza hacia una formalización. La notificación no implica imputación ni acusación formal, pero pone en marcha una etapa decisiva antes de noviembre.

Según explicó Marcelo Arancibia, abogado denunciante de la causa, en diálogo con Compacto 13, la medida se toma en la instancia previa a la formalización para que quienes puedan ser alcanzados por una imputación designen abogado defensor y ejerzan sus derechos mientras se producen pruebas.

Quiénes están en la lista

Entre los notificados figuran el exgobernador y actual senador nacional Sergio Uñac; el exministro de Infraestructura Julio Ortiz Andino; y los expresidentes de OSSE Cristian Andino, Sergio Ruiz, Juan Carlos Caparrós y Guillermo Sirerol. También aparecen otros exfuncionarios y personas vinculadas al proyecto y a la empresa adjudicataria.

“Esto es muy habitual en el fuero penal”, aclaró Arancibia. El abogado subrayó que si los notificados no designan un abogado particular, el Estado debe garantizarles un defensor oficial.

Qué puede pasar ahora

La fiscalía tiene plazo hasta los primeros días de noviembre, tras la única prórroga legal concedida, para definir el futuro del expediente. Las alternativas son avanzar con la formalización de la Investigación Penal Preparatoria, desestimar la denuncia o archivar las actuaciones.

Arancibia presentó la denuncia el 9 de diciembre de 2025 y los primeros 90 días hábiles de investigación vencieron el 2 de junio. Los fiscales Francisco Pizarro y Sebastián Gómez, a cargo del caso, también realizaron allanamientos en oficinas de Krah, una de las empresas proveedoras de caños.

La denuncia apunta a presuntas irregularidades en la licitación, adjudicación y ejecución de la obra, que según Arancibia involucró unos 210 millones de dólares: 100 millones para los caños y 110 millones para la obra civil. Entre los puntos bajo análisis hay una presunta redeterminación del 55% en el valor de los caños, el pago anticipado de una parte del contrato y cuestionamientos sobre la calidad de los materiales. Por ahora son hipótesis de la denuncia que deberán corroborarse o descartarse.

La preocupación por los plazos

Uno de los ejes que Arancibia marcó como central es el tiempo transcurrido. “La preocupación es que estamos hablando de hechos ocurridos hace ya casi 10 años o más”, advirtió. Mientras no exista una formalización, siguen corriendo los plazos de prescripción de los eventuales delitos. Determinar si esos plazos fueron interrumpidos quedará en manos de los fiscales y, eventualmente, de los jueces.

La causa se inició con la denuncia de Arancibia y luego el Gobierno provincial se constituyó como querellante, rol que le permite aportar pruebas y hacer pedidos, aunque la conducción de la investigación corresponde a la fiscalía.

Por ahora, la notificación de los once involucrados no equivale a una acusación concreta. El próximo movimiento dependerá de las pruebas reunidas por la UFI Delitos Especiales y de la decisión que se tome antes del vencimiento de la prórroga, a comienzos de noviembre.