Ofrecía "curar" la depresión en redes, pero su título no existía: lo que firmó para zafar del juicio
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Ofrecía "curar" la depresión en redes, pero su título no existía: lo que firmó para zafar del juicio

Ofrecía tratamientos para la depresión y la ansiedad en redes, pero su título no tenía validez en San Juan. La Justicia de Jáchal le puso condiciones: lo que deberá pagar y las horas de trabajo comunitario que firmó para evitar el juicio.

Una mujer que se presentaba en redes sociales como especialista en salud mental, sin contar con título habilitante ni matrícula en San Juan, aceptó un acuerdo judicial para evitar el juicio oral. La causa se tramitó en Jáchal y terminó con una suspensión de juicio a prueba a su favor.

Se trata de Carina Alejandra Vergara, imputada por el delito de usurpación de títulos y honores, en una causa por infracción al artículo 247 del Código Penal que perjudicaba a la administración pública.

La denuncia que encendió la alarma

El expediente arrancó con una presentación del 13 de noviembre de 2025. La hizo la entonces presidenta del Colegio de Psicólogos de San Juan, Melisa Rodríguez, quien advirtió que la acusada difundía servicios profesionales por redes sociales.

En esas publicaciones y videos, Vergara hablaba de salud mental, psicología y psiquiatría, mencionaba patologías como la depresión y la ansiedad y ofrecía un supuesto método para curarlas.

El título que no tenía validez

Como el domicilio de la denunciada correspondía a la Segunda Circunscripción Judicial, el caso pasó a la Unidad Fiscal del Norte. Allí intervinieron el fiscal Gastón Mateo Salvio y la ayudante fiscal Ana Laura López.

Las medidas investigativas confirmaron que Vergara solo contaba con un certificado de aprobación en psicología social de la Fundación Casa Cuna de Córdoba. Esa entidad le había dado una matrícula de carácter interno, sin validez legal en San Juan y sin respaldo universitario habilitante.

Qué incluye el acuerdo

En la audiencia del 2 de noviembre de 2026, las partes alcanzaron un acuerdo de suspensión del juicio a prueba con pautas de conducta estrictas.

La imputada deberá pagar una reparación simbólica de 100.000 pesos en dos cuotas iguales y consecutivas, entre los días 1 y 10 de cada mes. Ese dinero irá a una institución que designe la Oficina Judicial Multifuero.

Además, se comprometió a cumplir 40 horas de trabajos comunitarios no remunerados en un plazo de tres meses. La medida tendrá vigencia durante un año en total.

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