Ofrecía cheques y prometía negocios: lo que la jueza encontró en su oficina lo dejó tras las rejas

Hay un detenido, cheques que rebotaron y una cifra que ronda los $280 millones. La jueza ya tomó una decisión que lo complica, pero lo que apareció en los allanamientos es lo que nadie esperaba.

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Ofrecía cheques y prometía negocios: lo que la jueza encontró en su oficina lo dejó tras las rejas
Ofrecía cheques y prometía negocios: lo que la jueza encontró en su oficina lo dejó tras las rejas

La jueza Isolina María Apas Pérez de Nucci, del Colegio de Jueces, resolvió este viernes 25 de septiembre de 2026 que J.N.T. continúe detenido por 60 días en el marco de una investigación por dos presuntas estafas que, según la Fiscalía, superan los $280 millones.

Durante la audiencia de control de la aprehensión, la magistrada convalidó la detención, rechazó los planteos de nulidad y exclusión probatoria de la defensa y dio por formalizada la causa. La calificación legal provisoria le atribuye al imputado la presunta autoría de dos hechos de estafa.

El primer caso: 54 cheques sin fondos

La primera maniobra investigada se remonta a junio de 2024. De acuerdo con la acusación, J.N.T., en representación legal de una sociedad por acciones simplificada, y su pareja, socia gerente de otra firma vinculada a medios de pago, se reunieron con dos inversores para pedir financiamiento con el fin de ampliar un negocio de terminales PosNet.

Como respaldo del préstamo entregaron 54 cheques de pago diferido librados contra una cuenta del Banco Galicia, en su mayoría a nombre de las dos empresas. Los inversores descontaron los valores a tasa de mercado y entregaron el dinero. En septiembre de ese año, todos los cheques fueron rechazados por falta de fondos, según consta en la investigación.

La Fiscalía sostiene que el dinero no se destinó al emprendimiento anunciado y que una parte se derivó a una financiera informal que funcionaba en el mismo edificio que las oficinas de las firmas. El perjuicio estimado por este hecho ronda los $250 millones.

La segunda operación: ECheqs de terceros

El segundo hecho habría ocurrido entre febrero y julio de 2026. En ese período, J.N.T. habría compartido una oficina con un comerciante del rubro informático y, según la acusación, se habría presentado como titular de una billetera virtual para mostrar solvencia. Así habría adquirido equipos de computación y servicios de programación.

Los pagos se habrían hecho con ECheqs librados por terceros. La investigación menciona sociedades radicadas en Buenos Aires y Córdoba —en una de las cuales el imputado figura como socio minoritario— y a personas que presuntamente habrían actuado como prestanombres, entre ellas un familiar de su entorno.

Los valores fueron rechazados por falta de fondos en agosto y septiembre. El perjuicio atribuido a esta operación supera los $31,7 millones.

Qué encontraron en los allanamientos

El 22 de septiembre, el juez Alejandro Javier Tomás autorizó allanamientos en tres domicilios vinculados con el acusado. Durante los procedimientos se secuestraron bienes estimados en más de $30 millones: tres drones —uno tasado en más de $7 millones—, cerca de un centenar de terminales PosNet, más de una docena de teléfonos celulares sin abrir, computadoras, discos rígidos, cámaras y equipos de sonido.

También se incautaron 495 cheques, 35 de ellos anulados, y documentación sobre la constitución de sociedades. Para los investigadores, esas firmas podrían haber sido usadas para respaldar las operaciones y generar confianza entre los involucrados.

Quiénes intervienen

La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad N.º 2. La acusación fue sostenida en la audiencia por el fiscal Diego Sebastián Hevia y la auxiliar fiscal Daniela Fernanda Briz Tomás.

La querella de dos de las víctimas estuvo representada por los abogados Juan Andrés Robles, Facundo Vasile y Rosarios Farías. El abogado Luis Elizalde intervino como patrocinante de otro damnificado. La defensa de J.N.T. está a cargo de Daniel Muro y Victoria Maza Salomón.

Al finalizar la audiencia, la defensa impugnó la resolución que dispuso la prisión preventiva. La Fiscalía, por su parte, procura establecer si hay otras personas afectadas y determinar el alcance total de las operaciones investigadas.

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