Ocupaban un predio clave para el agua potable y ahora la Provincia les puso fecha de desalojo
Ocupaban un terreno donde funciona una planta potabilizadora clave. La Provincia les dio un ultimátum: desalojar o enfrentar la fuerza pública. ¿Qué pasará si no se van?
El Gobierno de Tucumán notificó a ocupantes ilegales de un terreno en Lomas de Imbaud, donde funciona la Planta Potabilizadora de la SAT, una infraestructura esencial para el suministro de agua en la provincia. La intimación exige desalojar en un plazo determinado, bajo amenaza de usar la fuerza pública.
La medida fue ejecutada por la Unidad Ejecutora de Protección Jurídica del Medio Ambiente y el Patrimonio Provincial, que junto a personal de la SAT realizó las notificaciones correspondientes en el predio ubicado en el municipio de Yerba Buena. La primera notificación se concretó en el mismo lugar donde funciona la planta potabilizadora, considerada clave para el sistema hídrico provincial.
¿Por qué es urgente el desalojo?
El predio ocupado alberga una infraestructura crítica para el abastecimiento de agua potable. Las autoridades advirtieron que la ocupación ilegal pone en riesgo el funcionamiento de la planta y, por ende, el servicio que reciben miles de hogares tucumanos.
Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que la defensa del patrimonio público es una prioridad de gestión. “Cualquier ocupación ilegal o acción que afecte el dominio público será enfrentada con todas las herramientas administrativas y legales disponibles”, señalaron fuentes oficiales.
La intimación se realizó bajo apercibimiento de avanzar con un desalojo administrativo y, si fuera necesario, con el auxilio de la fuerza pública. Los ocupantes tienen un plazo perentorio para abandonar el inmueble, aunque no se precisó la cantidad de personas ni el tiempo exacto otorgado.
¿Qué sigue ahora?
Las autoridades coordinan los pasos siguientes para garantizar el cumplimiento de la orden. La Unidad Ejecutora de Protección Jurídica del Medio Ambiente y el Patrimonio Provincial continuará monitoreando la situación y tomará las medidas correspondientes si los ocupantes no acatan la notificación.
El caso refleja la firmeza del gobierno provincial en la recuperación de espacios públicos estratégicos, especialmente aquellos vinculados a servicios esenciales como el agua potable.
