Ocultaron su pasado para ser ciudadanas de EE.UU. y el gobierno de Trump les quitó el pasaporte

El gobierno de Donald Trump logró que dos tribunales federales de Estados Unidos les retiraran la ciudadanía a dos mujeres que se habían naturalizado ocultando antecedentes delictivos durante sus trámites migratorios. Las decisiones se apoyaron en pruebas de fraude y en declaraciones falsas prestadas ante las autoridades.

Según el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés), las involucradas son Vivian Chike Obichere, nacida en Nigeria, y Milagros Marileisis Acosta Torres, de origen cubano.

En los dos expedientes la agencia sostuvo que las mujeres no reunían los requisitos legales para obtener la ciudadanía porque escondieron conductas delictivas previas. Las resoluciones se dictaron el 13 y el 14 de octubre, y los procesos cerraron con acuerdos entre las partes presentados ante cada tribunal. El Ejecutivo encuadró estas actuaciones en su política de perseguir los casos en los que considera que la naturalización se obtuvo de forma ilegal.

“La revocación de la ciudadanía es el paso final para privar de ella a quienes ocultan delitos o defraudan al pueblo estadounidense”, afirmó el fiscal general adjunto Brett A. Shumate, de la División Civil del DOJ. “Esta administración continuará su histórica campaña de revocación para proteger el valor de la ciudadanía estadounidense”, agregó.

El caso de Vivian Chike Obichere: una identidad ajena

La causa de Obichere gira en torno al uso de la identidad de otra persona para conseguir documentos estadounidenses. De acuerdo con el DOJ, en 1992 utilizó el nombre, el número de Seguro Social y los datos de nacimiento de una ciudadana estadounidense para obtener un pasaporte.

Al año siguiente, la oriunda de Nigeria consiguió la residencia permanente legal con sus datos reales. Pero nueve años después volvió a intentar renovar el pasaporte emitido con el nombre falso, mientras tramitaba su naturalización con su identidad verdadera.

En la entrevista migratoria negó bajo juramento haber usado esa identidad. Obtuvo la ciudadanía en 2013, aunque dos años más tarde fue condenada por presentar declaraciones falsas en una solicitud de pasaporte y por utilizar ese documento de manera fraudulenta.

El 30 de julio de 2026 el Departamento de Justicia presentó una demanda para revocar su naturalización. Después de que ambas partes pidieran una resolución acordada el 7 de octubre, el tribunal federal del Distrito Norte de California ordenó retirarle la ciudadanía el 13 de ese mes.

El caso de Milagros Marileisis Acosta Torres: lavado de dinero

La segunda causa involucra a Acosta Torres, que se había naturalizado en 2015. Antes de ese trámite participó en una conspiración para ocultar el origen de fondos obtenidos mediante un fraude contra un casino tribal de Florida.

Según los antecedentes, su esposo y otros participantes sustrajeron millones de dólares con comprobantes de crédito falsificados. Acosta Torres hizo operaciones financieras destinadas a disimular la procedencia del dinero y a eludir los controles previstos para determinadas transacciones.

Durante su solicitud de ciudadanía y la entrevista correspondiente afirmó que no había cometido delitos por los que no hubiera sido arrestada. En 2020 fue condenada por conspiración para cometer lavado de dinero: recibió una pena de seis meses de prisión y fue obligada a pagar cerca de US$150 mil en concepto de restitución.

El DOJ presentó la demanda de desnaturalización el 8 de junio de 2026. Tras un pedido conjunto de las partes, el tribunal federal del Distrito Sur de Florida revocó su ciudadanía el 14 de octubre.

Cuándo se puede quitar la ciudadanía estadounidense

La legislación federal contempla la desnaturalización cuando alguien obtuvo la ciudadanía sin cumplir los requisitos legales o mediante el ocultamiento deliberado de información relevante. Estos procedimientos deben tramitarse ante la justicia federal y exigen que el gobierno presente pruebas que sustenten la revocación.

Uno de los requisitos para naturalizarse es acreditar buen carácter moral durante el período que fija la ley. Por eso los antecedentes delictivos pueden pesar en la evaluación de una solicitud, incluso cuando no hubo arresto ni condena al momento de completar el trámite.

El formulario de naturalización N-400 incluye preguntas sobre delitos e infracciones, entre ellas conductas que el solicitante pudo haber cometido sin ser arrestado. Dar información falsa bajo juramento u ocultar hechos relevantes puede convertirse en el fundamento de una demanda.

Tampoco conviene dar por irrelevantes los antecedentes sellados o eliminados en el ámbito estatal: las obligaciones de declaración dependen de las normas aplicables y del tipo de antecedente.

La cifra que explica la ofensiva de Trump

Los dos fallos llegaron en un período de expansión de las acciones judiciales para revocar ciudadanías. Según las cifras de TRAC Immigration, el gobierno presentó al menos 15 demandas civiles en mayo y otras 18 durante la primera mitad de junio: 33 casos en aproximadamente seis semanas.

El salto contrasta con los ocho procedimientos registrados el año pasado y con el promedio histórico, inferior a una demanda por mes. Entre enero de 2008 y el 12 de junio de 2026 se habían identificado 166 demandas civiles, y cerca de una quinta parte se concentró entre mayo y principios de junio de este año.

El DOJ ya había establecido la desnaturalización como prioridad de cumplimiento en un memorando de junio de 2025. También reactivó la revisión de registros vinculados con la Operación Janus y el proyecto Historical Fingerprint Enrollment, iniciativas pensadas para detectar identidades distintas y antecedentes que no habían sido identificados en trámites anteriores.