Ocultaban armas en camiones para cruzar a Chile: 25 condenados en Mendoza

El Tribunal Oral Federal N°2 de Mendoza condenó a 25 personas que integraban una organización dedicada al tráfico de armas hacia Chile. La banda operó entre octubre de 2021 y diciembre de 2023 con roles definidos: unos conseguían el armamento, otros lo almacenaban y un grupo de camioneros lo transportaba oculto en las cabinas de sus vehículos.

Las penas más altas llegaron a los seis años de prisión, aunque algunas fueron unificadas con condenas previas. La investigación también permitió detectar movimientos vinculados con la venta de drogas en distintos domicilios de Maipú.

Cómo funcionaba la organización

Según la acusación, la estructura tenía dos líderes que permanecen prófugos y operaban desde Chile. Ellos decidían cuándo trasladar las armas, por qué paso fronterizo hacerlo y cómo ingresar el material al país vecino.

En Mendoza, distintos integrantes recibían y guardaban los cargamentos para luego entregarlos a los choferes de transporte internacional. El método más utilizado consistía en esconder las armas dentro de las cabinas de los camiones y cruzar por el Paso Internacional Cristo Redentor.

Parte del armamento, de acuerdo con la pesquisa, habría sido adquirido en otros países. Algunos miembros viajaron a Brasil para comprar armas e ingresarlas de manera clandestina a la Argentina.

Uno de los principales puntos de almacenamiento estaba en viviendas de Mendoza. Walter Andrés Amaya Cruz era señalado como uno de los encargados de custodiar los cargamentos y entregarlos a otros integrantes.

El secuestro que destapó la red

El caso comenzó el 2 de abril de 2022, cuando Gendarmería detuvo a Lucas Puebla en la Ruta Nacional 7, en La Paz, Bolivia. Llevaba once armas de fuego y 18 cargadores escondidos entre su equipaje: cinco en un bolso de mano y seis en una mochila en la bodega de un colectivo.

A partir de ese procedimiento, los investigadores analizaron los teléfonos secuestrados y reconstruyeron una red de contactos que permitió identificar a otros integrantes. Otro operativo clave ocurrió el 17 de abril de 2022, cuando un camionero fue detenido con armas y municiones ocultas en la cabina de su vehículo. El material había sido trasladado previamente desde Buenos Aires hasta Mendoza.

La investigación también avanzó con un procedimiento del 19 de diciembre de 2023, cuando dos ciudadanos chilenos fueron interceptados en Tucumán con ocho armas y cinco cargadores escondidos. Para los investigadores, ambos cumplían funciones como enlaces para trasladar armamento desde Argentina hacia Chile.

El circuito financiero

La organización desarrolló un sistema para financiar la compra y el traslado de las armas. Parte del dinero llegaba desde Chile a través de empresas de remesas, principalmente Western Union. Los fondos eran recibidos en Argentina por diferentes integrantes, en operaciones simultáneas o sucesivas y por montos variables, una modalidad que dificultaba el seguimiento.

La pesquisa determinó que el negocio requería una cadena de tareas: conseguir las armas, ingresarlas al país, almacenarlas, llevarlas hasta Mendoza, entregarlas a los choferes y recibir el dinero proveniente de Chile.

Las condenas

La pena más alta fue para Walter Amaya, quien recibió seis años de prisión por integrar y participar de la organización, además de delitos relacionados con armas y drogas.

Bayron González Castro e Isaac Guillermo Orellana Orellana fueron condenados a cinco años y cuatro meses. Al unificarse esas penas con condenas anteriores, ambos quedaron con una pena única de ocho años y seis meses de prisión.

Sergio Pereyra Martínez recibió cinco años y cuatro meses, mientras que Lucas Puebla González fue condenado a la misma pena. En su caso, la pena fue unificada con una condena anterior y quedó establecida en seis años y ocho meses.

Alejandro Arias Glaria y Francisco Cáceres Castillo recibieron cuatro años y ocho meses de prisión. Gisselle Zúñiga Figueroa fue condenada a cuatro años, al igual que Lucía Romero Rivas y Emilse Di Carlo Manganelli, en sus casos por delitos vinculados con la organización y la comercialización de drogas.

Otros integrantes recibieron penas de entre uno y cuatro años. En algunos casos, las condenas fueron de ejecución condicional o se unificaron con antecedentes previos. Además, cinco de los acusados acordaron una suspensión del juicio a prueba por períodos de entre uno y dos años. Otras cuatro personas fueron sobreseídas porque los estupefacientes que se les habían encontrado fueron considerados destinados al consumo personal.

Una estructura con distintos niveles

Para los investigadores, no se trataba de un grupo improvisado sino de una organización con diferentes niveles y funciones. En la parte superior estaban quienes tomaban las decisiones y coordinaban las operaciones desde Chile. Por debajo actuaban los encargados de conseguir y almacenar las armas, coordinar los traslados y entregar el material a los camioneros.

Los choferes tenían una función clave: transportar el armamento desde Mendoza hacia Chile ocultándolo dentro de los vehículos. A cambio, recibían dinero por cada arma, cargador o caja de municiones trasladada.

El caso comenzó con distintos procedimientos y secuestros de armas, pero el análisis de teléfonos, movimientos de dinero y vínculos entre los sospechosos permitió a los investigadores identificar una estructura mucho más amplia. Con las condenas dictadas por el Tribunal Oral Federal N°2 de Mendoza, la Justicia dio por acreditada la participación de 25 personas en distintos niveles de una organización que tenía como objetivo llevar armas y municiones desde Argentina hacia Chile.