Ocho procesados en Tucumán por el desvío de armas legales hacia el contrabando internacional
¿Cómo lograban desviar armas legales hacia Chile sin levantar sospechas? La Justicia de Tucumán procesó a ocho personas y destapó una red que operaba como una empresa familiar.
La Justicia Federal de Tucumán sumó ocho procesados a una causa que destapó cómo armas compradas legalmente en Argentina terminaban en manos del crimen organizado en Chile. La maniobra, que operaba como un engranaje perfecto, ya tiene a 34 imputados en Mendoza esperando juicio oral.
La Fiscalía Federal N°2 de Tucumán procesó a ocho personas acusadas de integrar una red que desviaba armas de fuego del mercado legal hacia una organización dedicada al contrabando internacional. Entre los detenidos hay tres empleados de una armería, dos usuarios legítimos que habrían actuado como prestanombres, un proveedor y dos intermediarios logísticos.
¿Cómo funcionaba el esquema?
Según la investigación, la organización obtenía las armas mediante compras legales a través de terceros registrados ante la ANMAC, transferencias simuladas y documentación presuntamente adulterada para ocultar el destino final. Una vez adquiridas, las trasladaban de forma clandestina hacia Chile por el Paso Internacional Cristo Redentor.
La pesquisa mendocina reconstruyó el funcionamiento de una verdadera “empresa familiar” del tráfico de armas, con roles definidos, financistas, proveedores, transportistas y enlaces en Argentina, Brasil y Chile. En Tucumán, un padre y su hijo fueron procesados por intervenir en la logística para hacer llegar el armamento a los transportistas.
El operativo que destapó todo
La conexión con Tucumán quedó al descubierto en diciembre de 2023, cuando Gendarmería Nacional controló un colectivo de larga distancia y encontró a dos ciudadanos chilenos transportando ocho pistolas, cargadores y dinero en efectivo. El análisis de los teléfonos secuestrados permitió reconstruir la cadena de mandos y establecer que las armas habían sido compradas pocos días antes en Tucumán mediante usuarios legítimos que prestaban su identidad.
La red operó entre 2021 y 2023 y logró convertir el mercado legal de armas en una plataforma de abastecimiento para el contrabando internacional. En Mendoza, el expediente acumula 34 imputados y durante los procedimientos se secuestraron 36 armas de fuego, 32 cargadores, más de 2.000 municiones, teléfonos, dinero y documentación.