Ocho estados de EE.UU. le declaran la guerra a ChatGPT por lo que les hace a los chicos

Fiscales de ocho estados demandaron a OpenAI por los riesgos que ChatGPT representa para niños y adolescentes. Las presentaciones, realizadas el 14 de octubre, sostienen que el chatbot puede reforzar ideas delirantes, alentar conductas peligrosas y hasta facilitar respuestas que deriven en daños contra uno mismo o contra terceros.

La ofensiva judicial recae sobre la empresa que lidera Sam Altman, en un contexto de creciente escrutinio sobre el impacto de la inteligencia artificial en los más jóvenes. Las demandas fueron impulsadas por los fiscales generales de Iowa, Kansas, Arizona, Arkansas, Idaho, Montana, Nebraska y Virginia Occidental, que acudieron por separado a tribunales estatales pero con un reclamo en común.

Qué reclaman los fiscales

Los funcionarios consideran que ChatGPT puede causar daños a los usuarios, incluidos los menores, y que OpenAI no informó de manera adecuada sobre los riesgos del producto. Además, sostienen que la compañía habría incurrido en prácticas engañosas al presentar el servicio como seguro, por lo que invocan normas estatales de protección al consumidor.

Para los demandantes, el funcionamiento de la plataforma puede representar un problema para la salud y la seguridad pública. Por eso buscan que se ordenen cambios en el funcionamiento de ChatGPT y reclaman sanciones y daños por las presuntas infracciones. Entre las medidas solicitadas figuran reforzar los controles de edad, mejorar las herramientas de protección para menores y exigir mayores garantías antes de desarrollar modelos de inteligencia artificial capaces de perfeccionarse por sí mismos.

La respuesta de OpenAI

La empresa rechazó las acusaciones y defendió las medidas de seguridad de sus productos. Según su respuesta, ChatGPT cuenta con protecciones por edad, controles parentales y recordatorios para hacer pausas, aunque reconoce que ningún sistema puede ser perfecto. También manifestó su disposición a trabajar con los estados en políticas para la industria.

El trasfondo: la versión para adolescentes

El debate sobre la seguridad de los menores tomó más fuerza después de que OpenAI anunciara, el 18 de agosto de 2026, ChatGPT for Teens, una experiencia destinada a usuarios de entre 13 y 17 años. La propuesta incorpora protecciones para adolescentes y busca que el chatbot sirva como herramienta de aprendizaje, sin promover vínculos de dependencia emocional con la inteligencia artificial.

La empresa también anunció herramientas de supervisión para padres, como controles parentales, la posibilidad de establecer horarios de descanso y notificaciones ante situaciones de riesgo. Estas alertas buscan facilitar la intervención de un adulto cuando una conversación pueda requerir apoyo fuera de la plataforma, aunque no implican que los padres tengan acceso irrestricto a todas las conversaciones de sus hijos.

El vínculo con los chatbots, otro punto sensible

La discusión judicial no gira únicamente alrededor de la existencia de controles. Una de las cuestiones centrales es si esas medidas alcanzan para evitar respuestas peligrosas en conversaciones complejas y cómo debe actuar una empresa cuando detecta señales de riesgo. Los demandantes sostienen que las salvaguardas actuales no serían suficientes, mientras que OpenAI afirma que incorporó protecciones adicionales y que sigue trabajando para mejorarlas.

Otro punto sensible es la relación entre los adolescentes y los chatbots conversacionales. Estas herramientas pueden responder con un tono cercano, mantener intercambios extensos y adaptarse a la manera de expresarse de cada usuario. Para los fiscales que impulsaron las demandas, esa dinámica puede generar una confianza excesiva en las respuestas, incluso cuando se trata de cuestiones de salud mental o situaciones que requieren la intervención de un adulto o de un profesional.

Por ahora, no hay una condena firme contra OpenAI. Los tribunales deberán analizar las pruebas, determinar si existieron infracciones y resolver qué medidas corresponden. Mientras tanto, la empresa enfrenta una presión creciente para demostrar que las protecciones que anuncia funcionan en situaciones reales, especialmente cuando sus productos son utilizados por menores.