Ocho allanamientos en la Unidad 15: el escondite que usaban para mover la droga entre pabellones
Policiales · Santa Cruz

Ocho allanamientos en la Unidad 15: el escondite que usaban para mover la droga entre pabellones

Ocho allanamientos simultáneos, siete reclusos apuntados y una ruta de pagos por billeteras virtuales: así se movía la red que llevaba droga a los pabellones de la Unidad 15 de Río Gallegos.

Una estructura que llevaba más de un año conectando la calle con los pabellones de la cárcel federal de Río Gallegos quedó al descubierto este miércoles. Ocho allanamientos simultáneos, requisas personales y vehiculares y el despliegue de canes detectores de narcóticos marcaron el operativo que buscó desarmar una red dedicada a la compra, el ingreso y la venta de estupefacientes dentro de la Unidad 15 del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

La ofensiva judicial fue ordenada por el juez federal de Garantías Claudio Marcelo Vázquez, a pedido del fiscal general interino Julio César Lucas Zárate, al frente del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Río Gallegos.

Cómo fue el operativo dentro y fuera del penal

Dentro del establecimiento, ubicado en plena zona céntrica, los efectivos entraron a los pabellones 1, 2 y 3. Revisaron celda por celda y peinaron los sectores de uso común: cocinas, patios, talleres, baños, aulas y espacios de circulación y recreación.

La requisa personal alcanzó a siete reclusos individualizados en el expediente, aunque los investigadores se reservaron la facultad de revisar a cualquier otro detenido que mostrara indicios de ocultar elementos comprometedores.

En paralelo, las comisiones policiales allanaron siete inmuebles particulares repartidos en distintos puntos de Río Gallegos. Según la reconstrucción del Ministerio Público Fiscal, allí vivían o se movían personas que cumplían roles clave en el eslabón externo de la organización. También se requisaron tres autos previamente identificados y otros rodados encontrados en las propiedades.

El despliegue estuvo a cargo de la Policía Federal Argentina (PFA), junto con el Departamento de Investigaciones Judiciales y la Dirección de Asuntos Internos del propio SPF. Además de los canes, se usó equipamiento de registro fotográfico y audiovisual.

Qué buscaban secuestrar

Los investigadores apuntaron a quedarse con drogas, envoltorios, balanzas y herramientas de fraccionamiento. Pero también con teléfonos celulares, tarjetas SIM, dispositivos de almacenamiento, agendas, comprobantes y registros de transferencias bancarias o de billeteras virtuales.

Ese último punto es clave: la documentación financiera permitiría terminar de trazar la ruta de los pedidos, las entregas, los cobros y las deudas que generaba el comercio ilegal.

Una causa que nació de otra investigación

El legajo que derivó en los procedimientos de este miércoles empezó a tomar forma hace más de doce meses. Fue un desprendimiento de otra causa federal por tráfico de drogas, en la que habían aparecido comunicaciones llamativas entre personas en libertad e internos de distintas cárceles del país.

El 4 de septiembre de 2025, la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) remitió las actuaciones iniciales. Pocos días después, la Unidad Fiscal Río Gallegos abrió formalmente el expediente para poner bajo la lupa lo que pasaba detrás de los muros de la Unidad 15.

Las escuchas telefónicas autorizadas por la Justicia, las tareas encubiertas de vigilancia y seguimiento, el cruce de los libros de visitas del penal, los informes sobre movimientos financieros y los datos aportados por las propias autoridades del SPF permitieron reconstruir la ingeniería delictiva paso a paso.

Dos frentes: la calle y los pabellones

De acuerdo con la hipótesis que sostiene la Fiscalía, la banda funcionaba con una precisión casi empresarial, dividida en dos frentes complementarios.

Afuera, personas del entorno cercano de los detenidos, en libertad, se ocupaban de conseguir o proveer los estupefacientes, manejar los traslados, coordinar los turnos de visita y administrar la recepción y el envío del dinero que dejaban las ventas.

Para pasar los controles de seguridad e introducir la droga al penal, la organización recurría principalmente a las visitas familiares o allegadas, con mecanismos de ocultamiento corporal. Sin embargo, la pesquisa también reunió indicios preocupantes sobre una posible colaboración interna de personal penitenciario para facilitar el ingreso o la circulación de la mercadería ilícita.

De la puerta para adentro

Una vez que la marihuana y la cocaína superaban el perímetro de ingreso, empezaba la distribución interna. Las sustancias aparecían mencionadas de manera recurrente en las conversaciones intervenidas, mediante códigos y expresiones características.

Los cargamentos se trasladaban de forma sigilosa entre celdas y espacios comunes, y se ocultaban en escondites estratégicos dentro de los pabellones. Desde ahí, los internos que lideraban la maniobra fraccionaban las dosis al menudeo, fijaban los precios en el mercado carcelario, repartían la sustancia entre otros reclusos y controlaban con mano firme los pagos.

Muchas de esas operaciones se liquidaban mediante transferencias electrónicas que hacían familiares o contactos desde afuera del penal. Las pruebas reunidas también sugieren que la misma red usaba su estructura logística para vender estupefacientes fuera de la cárcel y abastecer el narcomenudeo en la capital santacruceña.

El antecedente que complica al SPF

La misma Fiscalía intervino hace poco en otro expediente que terminó, en septiembre pasado, con la condena de una agente del Servicio Penitenciario Federal por cohecho pasivo.

En ese caso, con registros fílmicos y datos aportados por el propio SPF, quedó acreditado que la funcionaria había metido de contrabando cuatro teléfonos celulares en la Unidad 15. Dos iban camuflados dentro de un paquete de yerba mate destinado a un interno y los otros dos estaban escondidos en un cesto de residuos de los sanitarios. Recibió una pena de un año y seis meses de prisión en suspenso e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.

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