Obra pública: el Gobierno pagará con bonos y el 67% de los vencimientos quedó para 2027

El Ministerio de Economía oficializó un mecanismo para cancelar deudas de obra pública con títulos del Tesoro en lugar de efectivo. La resolución conjunta 59/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial, habilita la entrega de letras y bonos por hasta $221.119 millones y concentra el 67% de los vencimientos en 2027.

El instrumento fue firmado por los secretarios de Finanzas, Federico Furiase, y de Hacienda, Carlos Guberman. La norma amplía la emisión de tres instrumentos financieros para cumplir con el Régimen Simplificado de Extinción de Obligaciones, creado a mediados de año y al que las empresas contratistas podían adherir de manera voluntaria.

Qué deudas entran en el régimen

El esquema abarca certificados de obra, acopio de materiales y ajustes de precios generados entre el 1° de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2025. También incluye obligaciones por contratos extinguidos desde 2024 y alcanza a obras de las secretarías de Obras Públicas y Transporte, incluidas las financiadas por organismos multilaterales.

En agosto, el alcance se extendió a deudas de Vialidad por compras de bienes y materiales y por servicios de mantenimiento, conservación y operación de la Red Vial Nacional, también del período 2022-2025. De este modo, el mecanismo cubre tanto obras como obligaciones con proveedores de tareas viales.

Al diseñar el régimen, Economía reconoció la “indisponibilidad de créditos presupuestarios” para afrontar la totalidad de las deudas relevadas y lo vinculó con la “priorización del objetivo de reordenamiento de las cuentas públicas y restricción del gasto público”.

LA NACION se comunicó con voceros del Palacio de Hacienda, pero no obtuvo respuesta al momento de la publicación de esta nota.

Cómo se reparte la canasta

Los títulos se distribuyen en tres tramos: un 33% en una letra que vence el 30 de octubre de 2026, otro 33% en un bono con vencimiento el 15 de enero de 2027 y el 34% restante en un título que se paga el 30 de abril de 2027. Los tres son capitalizables en pesos.

Si se utilizara todo el cupo, unos $148.150 millones —medidos al valor de entrega— corresponderían a bonos que vencen en 2027. El pago final incorporará la capitalización de intereses. La autorización no implica que ya se haya entregado esa suma ni establece el saldo total adeudado por obra pública.

La discusión por el registro contable

Más allá del diferimiento de plazos, la decisión abrió un debate técnico sobre cómo se contabiliza la deuda. Los bonos tradicionales pagan cupones periódicos de interés y se registran “sobre la línea” como gasto corriente mensual dentro del resultado financiero. Los títulos elegidos, en cambio, son capitalizables o “cero cupón”: los rendimientos no se desembolsan mes a mes, sino que se acumulan al capital final que se abonará en el vencimiento.

La resolución especifica que las operaciones se imputarán a “Aplicaciones Financieras”, el rubro presupuestario destinado a la cancelación de pasivos que corre por fuera del cálculo del resultado financiero mensual. Con esta ingeniería, el Ministerio de Economía evita registrar una erogación corriente en la planilla mensual y blinda el superávit financiero que el Gobierno exhibe como ancla.

El economista Nicolás Gadano advirtió sobre las implicancias del mecanismo en redes sociales: “El Gobierno cancela deuda con proveedores de la obra pública entregando bonos capitalizables sin haber devengado previamente el gasto ‘arriba de la línea’. Al usar títulos que no pagan cupones, el costo financiero no impacta en el resultado fiscal mensual y queda sepultado en la cuenta de financiamiento”.

El dilema que enfrentan las constructoras

Para las empresas, recibir títulos plantea una decisión financiera: esperar al vencimiento o venderlos para conseguir efectivo. Se entregarán a valor técnico, calculado al día hábil anterior, que puede diferir de su cotización de mercado. Por eso, una constructora que necesite venderlos para pagar salarios o proveedores podría obtener menos que el importe de la acreencia cancelada, según el precio al que logre colocarlos.

La adhesión, además, exige desistir de reclamos administrativos y judiciales relacionados con las obligaciones alcanzadas. Una aclaración posterior exceptuó las acreencias que puedan surgir de certificados, ajustes de precios o actos administrativos pendientes al firmar el acuerdo. El régimen prevé incorporar a la liquidación los intereses por mora imputable al Estado, según las condiciones de cada contrato.

El contexto: inversión pública en mínimos

La medida se inscribe en un contexto de inversión pública reducida. Según el IIEP de la UBA y el Conicet, el proyecto de Presupuesto 2027 llevaría esa inversión al 0,4% del PBI, un mínimo histórico. Aunque el gasto de capital aumentó 42% interanual real en agosto, el instituto advirtió que la comparación partía de niveles muy bajos.

Las obligaciones alcanzadas abarcan períodos de la gestión anterior y de la actual. Sin embargo, las normas no identifican a las empresas beneficiarias ni desagregan los montos por año de origen, por obra o según se hayan generado antes o después de la asunción de Javier Milei.

Probablemente se cancelan obligaciones del Estado Nacional (en este caso, pagos a proveedores de obra pública) con instrumentos de deuda, sin q esos gastos sean devengados previamente "arriba de la línea", es decir, sin impacto en el gasto y en el resultado fiscal. En este caso,…

— Nicolas Gadano (@ngadano) October 6, 2026