Nuevo régimen penal juvenil en Salta: quiénes estarán a cargo de las causas desde el 5 de septiembre

En pocos días, Salta pondrá en marcha el nuevo régimen penal juvenil nacional, que baja la edad de imputabilidad a los 14 años. Los adolescentes que cometan delitos graves, como robos con violencia, abuso sexual, secuestros u homicidios, podrán ser juzgados bajo un sistema especial y recibir penas de hasta 15 años de prisión. La ley 27.801, sancionada por el Congreso el 27 de febrero de 2026 y promulgada por el Ejecutivo nacional el 9 de marzo mediante el decreto 138/2026, entra en plena vigencia el próximo 5 de septiembre.

La implementación genera expectativas y dudas. Mientras algunos sectores cuestionan si la infraestructura estatal y los operadores judiciales están preparados, las defensorías penales juveniles de la Provincia aseguran que Salta está en condiciones de afrontar el desafío. Las letradas Mariana Onetto, Vanesa Argüello y Marta Vigueras Dellmans, del Ministerio Público de la Defensa, afirmaron que la provincia cuenta con los estándares, garantías y recursos necesarios para aplicar la reforma.

Jueces, fiscales y defensores especializados

En un video institucional, las funcionarias remarcaron que los procesos estarán a cargo de "jueces, fiscales y defensores especializados" en materia penal juvenil. Aclararon, además, que el nuevo régimen "no prevé una única respuesta frente a todos los delitos": las medidas dependerán de la gravedad del hecho, las circunstancias del caso y la situación particular de cada adolescente.

La ley prioriza medidas socioeducativas y de reinserción social, y contempla la privación de libertad como último recurso. Entre las alternativas posibles se incluyen amonestaciones, tareas comunitarias, prohibiciones específicas y disposiciones orientadas a reparar el daño. Solo para los delitos más graves, los magistrados podrán dictar penas de prisión que no superen los 15 años.

Un régimen específico y garantías para los adolescentes

Onetto, Argüello y Vigueras Dellmans subrayaron que todo adolescente tendrá derecho a un abogado desde el inicio del proceso y que, si no puede costear uno, el Estado deberá garantizarle un defensor público especializado. Las intervenciones judiciales se desarrollarán bajo un régimen específico, distinto del previsto para adultos.

La jueza penal juvenil de Salta, Nadia Lorena Cruz, sostuvo en una entrevista que los cambios deben abordarse desde una mirada especializada que contemple "no solamente la responsabilidad por el delito cometido, sino también las condiciones de vida y las necesidades de cada adolescente". La magistrada recordó que existe "un deber del Estado de protección, más allá del castigo" y remarcó que el objetivo debe ser "la reintegración social y en evitar que adolescentes vuelvan a involucrarse en hechos delictivos".

La mirada de un exjuez federal

Jorge Luis Villada, ex juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, detalló que las medidas para un adolescente cuya responsabilidad sea determinada en un juicio deben cumplirse escalonadamente. "La primera es que el juez lo amonesta, es decir, que le hace tomar conciencia de lo que hizo para que vuelva a su casa con una serie de instrucciones de vida. La segunda es una prisión domiciliaria. La tercera escala de pena debe cumplirse en un instituto judicial abierto, tipo internado, de lunes a viernes, donde debe tener un oficio, estar en contacto con la familia y recibir tratamiento interdisciplinario. La cuarta es el encierro, cuando el menor cometió un delito grave como el homicidio", puntualizó.

El excamarista federal advirtió que no todas las provincias tienen los recursos para edificar lugares adecuados para alojar a adolescentes. "Calculo que los van a mandar a un pabellón para menores dentro de una cárcel para mayores, o será en un instituto de máxima seguridad, pero no está claro cómo lo van a hacer", sostuvo.

En cuanto a los delitos con pena máxima de cadena perpetua, Villada estimó que el encierro para un adolescente podría extenderse hasta 99 años. "De los 14 a los 18 años va a un internado, y a los 18 el juez decide si lo libera o le impone una pena que cumpliría en prisión. Con la actual modificación el máximo de pena es de 15 años en una cárcel para mayores. Se le sumarían también los cuatro en que hubiera estado encerrado entre los 14 a 18 años", concluyó.