Nuevo golpe para Flores: dieron de baja a otro asesor con pasado judicial

La Legislatura de Córdoba sacudió el avispero político al confirmar la desvinculación de Ariel Rodríguez, un segundo colaborador del legislador Ernesto Flores, justo cuando el caso Villa de María sigue sumando capítulos. La baja se ejecutó el 13 de agosto, días antes de que Flores solicitara su licencia, un pedido que aún espera tratamiento en la próxima sesión.

¿Por qué lo separaron?

Desde la Secretaría Administrativa de la Unicameral aseguraron que no hubo un motivo puntual para la salida de Rodríguez. “No es requisito excluyente para dar de baja a un asistente que deba mediar una razón fundada formal”, explicaron a La Voz, y agregaron que el legislador puede discontinuar contratos por reducción de equipo o porque la tarea ya no se realiza. En este caso, no fue reemplazado.

El pasado que persigue a Rodríguez

Pero el expediente de Rodríguez no arranca en la Legislatura. Fuentes judiciales lo vinculan a una investigación por el presunto uso de maquinaria de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec) para una instalación eléctrica en un campo privado. Por ese episodio, habría sido exonerado de la empresa y tiene una condena que está recurrida en casación.

El recorrido de Rodríguez incluye un paso por el municipio de Villa de María de Río Seco, donde Flores lo dejó en planta permanente en junio de 2023, cuando ya era investigado por la Justicia. Incluso lo nombró jefe de sección. Luego, al asumir como legislador en diciembre de 2023, Flores lo sumó a su equipo de asesores junto a Villarreal, hoy detenido por abuso infantil en una causa reciente y con otra denuncia previa.

Los controles bajo la lupa

El caso reabrió el debate sobre los mecanismos de designación de asesores. La Ley 9.880, que regula el personal legislativo, es clara: impide el ingreso de condenados por delitos contra la administración pública o en ejercicio de la función pública mientras dure la inhabilitación. También restringe el acceso a quienes tengan procesos penales pendientes o hayan sido cesanteados o exonerados de la administración pública.

Pese a estas normas, Rodríguez entró y se mantuvo hasta ahora. La Secretaría Administrativa trabaja a contrarreloj para endurecer los requisitos de ingreso, después de la salida de Villarreal y la reciente de Rodríguez. El antecedente de la “empleada fantasma”, cuando el exedil del PJ Guillermo Kraisman intentó cobrar el sueldo de una contratada, todavía resuena en los pasillos legislativos.

La oposición aprieta

El arco opositor se movilizó. La UCR planteó el pedido de apartamiento de Flores, y el juecismo y la izquierda se sumaron con reclamos de suspensión. La legisladora radical Brenda Austin fue más allá: pidió un informe para que se explique por qué se permitió el ingreso de Rodríguez y si Mario Giraudo, quien inicialmente fue abogado de Villarreal, sigue prestando tareas. “Lo que estamos viendo es vomitivo”, resumió Austin.