Nuevo capítulo en la controversia judicial contra una eventual reelección de Sergio Pagani en la UNT

Un nuevo escrito presentado ante la Justicia Federal denuncia un supuesto “plan sistemático de violación al Estatuto” durante el proceso electoral de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) y pide una resolución urgente sobre la posibilidad de un tercer mandato consecutivo del rector Sergio Pagani.

La presentación fue incorporada al expediente que analiza el juez federal Guillermo Díaz Martínez, quien aún debe pronunciarse sobre la medida cautelar y la cuestión de fondo planteada por los decanos Miguel Ángel Cabrera y Virginia Sara Luz Abdala. Ambos, patrocinados por el abogado Gonzalo Casas, sostienen que el Estatuto vigente prohíbe una nueva postulación consecutiva en el Rectorado.

En el nuevo escrito, la parte actora argumentó que ya existen antecedentes dentro del calendario electoral que reflejarían una interpretación contraria a las limitaciones estatutarias. Mencionó la recepción de una candidatura al Decanato de la Facultad de Psicología para un tercer período consecutivo y la oficialización de la postulación de un estudiante en la Facultad de Ciencias Exactas para un nuevo mandato.

Según Casas, esos casos evidenciarían un criterio que podría replicarse en la elección de rector. Afirmó que no se trata de versiones, sino de hechos concretos y comunicaciones públicas vinculadas a la eventual candidatura de Pagani.

El abogado recordó que la acción declarativa busca impedir que se consume una decisión que pueda generar consecuencias institucionales de difícil reversión. Insistió con la figura del “acto violatorio en ciernes”, criterio utilizado por la Corte Suprema para justificar intervenciones preventivas cuando un conflicto es inminente.

Casas también cuestionó el accionar de la Junta Electoral universitaria. Señaló que las decisiones adoptadas y el cronograma vigente demostrarían que el órgano avanzará con la recepción de candidaturas sin resolver antes la discusión sobre la interpretación del Estatuto. A criterio de los demandantes, esperar hasta la oficialización de listas podría vaciar de contenido cualquier tutela judicial efectiva.

El planteo se produjo luego del dictamen del fiscal federal Rafael Vehils Ruiz, quien consideró que la acción debería rechazarse por inexistencia de un caso concreto. Desde la UNT, el apoderado Jorge Chehín rechazó la demanda y sostuvo que no existe incertidumbre jurídica real, ya que la candidatura del rector no fue oficializada. Remarcó que una intervención judicial anticipada podría afectar la autonomía universitaria.

Con todos los elementos incorporados al expediente, la atención quedó concentrada en la decisión del juez Díaz Martínez. Su resolución podría tener impacto directo en el escenario electoral de la UNT, donde crece la expectativa por una definición que marcará el futuro inmediato del Rectorado y el alcance práctico del nuevo Estatuto universitario.