Nuevo allanamiento en la cárcel: qué buscan los jueces en el pabellón B
La Justicia realizó una nueva inspección en el pabellón B de la cárcel de Río Grande. ¿Qué pruebas buscan y por qué podría ampliarse la lista de imputados? Los detalles que nadie contó.
La causa por la salvaje golpiza a tres reclusos en el pabellón B de la Unidad de Detención 1 sumó este miércoles una nueva jornada de medidas judiciales. Peritos y policías volvieron a ingresar al lugar para recolectar pruebas clave que podrían ampliar la lista de imputados.
Por orden de la jueza de instrucción Cecilia Cataldo, la división Delitos Complejos y Policía Científica realizaron una inspección ocular en el pabellón B y en la sala de monitoreo del Servicio Penitenciario. Durante el procedimiento, se tomaron muestras fotográficas y se efectuaron mediciones para confeccionar un croquis del lugar donde ocurrieron los hechos, el 9 de mayo pasado.
Ese día, Pedro Flores, Jhonatan Burgoa y su hijo Maximiliano fueron brutalmente agredidos. Por el momento, hay 10 presos y 7 penitenciarios imputados, aunque la investigación no descarta que la nómina de acusados se amplíe.
¿Qué revelaron los celulares secuestrados?
La pericia técnica sobre más de 20 teléfonos móviles incautados ya arrojó indicios contundentes: en los días posteriores a la golpiza, los penitenciarios involucrados habrían intentado encubrir o minimizar lo sucedido, con una presunta permisividad del Servicio Penitenciario que no actuó a tiempo.
Por eso, además de la inspección, se ordenó un relevamiento e identificación de todos los internos alojados en el pabellón B, incluyendo a los 10 imputados.
¿Qué vieron las cámaras de seguridad?
La comitiva también se trasladó a la sala de monitoreo para constatar qué ángulo de visión tenían las cámaras de seguridad del pabellón mientras los vejámenes se extendieron durante dos horas y media, sin que ninguna autoridad interviniera.
Estas medidas resultan cruciales para determinar si corresponde ampliar la acusación a más miembros del Servicio Penitenciario.
La sombra de la asociación ilícita
Además, trascendió que la Justicia investiga un posible vínculo económico entre algunos presos y al menos un penitenciario. La fiscalía ya solicitó levantar el secreto bancario de las cuentas de los imputados, aunque el juzgado aún no se expidió sobre ese pedido.
