Nuevo acuerdo entre el Gobierno y la FIA: ¿qué cambios habrá para las entidades que reciben fondos públicos?

El Gobierno provincial y la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) sellaron un convenio para reforzar el control sobre las organizaciones que manejan plata del Estado. ¿Qué implica este acuerdo y cómo afectará a las asociaciones civiles?

El ministro de Gobierno y Asuntos Municipales, Pascual Fernández, y la fiscal adjunta de la FIA, Gabriela Tabernero, fueron los encargados de firmar el documento. Tabernero, además, es la autoridad de aplicación de la Ley Provincial de Acceso a la Información Pública.

También participaron el subsecretario de Gobierno y Registros Públicos, Pablo Boleas, y el secretario privado de la Fiscalía, Héctor Manuel Tedín. Todos ellos serán parte de un trabajo articulado que promete mayor transparencia.

¿En qué consiste el nuevo mecanismo de control?

El convenio permitirá que la Fiscalía y la Dirección General de Superintendencia de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio intercambien información de manera ágil. El objetivo: verificar la situación registral de las entidades que reciben recursos del Estado.

De esta forma, la FIA podrá contrastar los datos que aportan las organizaciones con los antecedentes que obran en el Registro Público de Comercio y en la Dirección de Personas Jurídicas. Así se podrá comprobar si cumplen con las obligaciones legales y detectar inconsistencias.

No solo control: también asesoramiento

El acuerdo no se limita a fiscalizar. También contempla una instancia de acompañamiento para las asociaciones civiles sin fines de lucro. Se les brindará asesoramiento sobre las obligaciones que impone la normativa de acceso a la información pública.

Además, se colaborará con la regularización de la documentación exigida. En este marco, la Dirección General de Superintendencia de Personas Jurídicas aportará información sobre las presentaciones anuales obligatorias y los requisitos legales.

Desde el Ministerio de Gobierno destacaron que la meta es fortalecer la transparencia en el manejo de los fondos públicos, facilitar el acceso a la información y promover un mayor cumplimiento de las normas por parte de las organizaciones que reciben asistencia estatal.