Nueve alumnas del Santa Catalina siguen fuera de las aulas y la Defensoría advierte que el acoso no era un caso aislado: aparecieron más víctimas. El regreso, escalonado, depende de las condiciones de seguridad.
El conflicto en el Instituto Santa Catalina de Posadas no se detiene. Nueve estudiantes de segundo año continúan suspendidas de la asistencia presencial y cursan en modalidad virtual mientras avanzan las medidas del protocolo de intervención que activaron varios organismos provinciales tras el episodio de violencia escolar del viernes 6.
La medida alcanza tanto a las alumnas agredidas como a las agresoras, según pudo confirmar este medio a través del Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (SPEPM) y la Defensoría de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
Una semana de trabajo virtual y un regreso escalonado
Rossana Franco, responsable de la Defensoría, explicó que la decisión responde a la protección de todas las partes involucradas: "Por protección de ambas partes es que se está trabajando con esta modalidad, por lo menos por esta semana. Y la semana que viene se va a seguir abordando otras formas de una convivencia más sana".
El plan prevé que la vuelta a las aulas sea "progresivo y escalonado" y arranque el lunes próximo, siempre "sujeto a la evaluación de las condiciones de seguridad y convivencia" dentro del establecimiento.
Sin embargo, la funcionaria advirtió que el problema excede al curso y a la institución: "Están apareciendo más víctimas que también están comentando que hay más chicas involucradas".
El episodio que encendió la alarma
Todo se desencadenó el viernes 6, a una cuadra del Santa Catalina. Una mujer que esperaba el colectivo en una parada intervino cuando un grupo de adolescentes perseguía y golpeaba a otra chica a lo largo de varias cuadras.
El hecho dejó al descubierto que las amenazas y el acoso escolar en ese curso no eran nuevos. Frente a eso, el instituto resolvió suspender la asistencia de todas las estudiantes involucradas.
Desde la Defensoría recomendaron sostener la continuidad pedagógica de forma virtual, pero con la prioridad puesta en que las alumnas puedan volver a cursar con seguridad. "Estamos ya a fin de año, las alumnas no pueden perder las clases pero sabemos que hay una situación muy compleja", sostuvo Franco.
Silvia Rivero, coordinadora del equipo Psicosocial de la Defensoría, anticipó cómo será el acompañamiento en las próximas semanas: "La idea es recabar información e ir trabajando en forma conjunta con los tutores, las adolescentes y si hace falta solicitar turnos con psicólogas o algún tipo de taller, de terapia".
Para Franco, el abordaje involucra a todas las partes porque "hay una responsabilidad del Estado, la escuela y la familia" en lo ocurrido.
El caso ya está en la Justicia
La Defensoría confirmó que la situación tiene curso judicial a raíz de tres denuncias policiales. "No debemos olvidar que estamos ingresando a un nuevo régimen penal juvenil donde hay muchas de estas situaciones afectadas, (son) adolescentes que ya están dentro del marco de este régimen, porque tienen 14 años y algunas, más", señaló la defensora provincial.
El representante del equipo jurídico detalló que, con el nuevo régimen vigente, la Justicia deberá hacer las indagaciones correspondientes y en función de eso adoptar medidas. "No necesariamente sanciones graves, pero dependiendo del caso, hay como un escalafón de medidas a tomar, en donde aparece la figura del supervisor, que tiene que hacer el seguimiento en el caso de cada adolescente".
Y agregó: "Los chicos tienen que saber que a partir de los 14 años ya son plenamente responsables de sus actos y ya pueden tener algún tipo de sanción".
Por último, la defensora apuntó a un factor que atraviesa el conflicto: "Creo que esto tiene que ver con el uso desmedido de las redes sociales y la falta de realmente saber las familias, los tutores, en qué están los chicos, de qué manera se comportan, se comunican y con quiénes".
