¿Ñoqui en Trabajo? Lo echaron por faltar dos meses y ahora podrían obligarlo a devolver el sueldo

Un empleado de planta permanente de la subsecretaría de Trabajo de Neuquén fue cesanteado tras acumular cerca de dos meses de ausencias injustificadas durante 2024. La política de tolerancia cero impulsada por el gobernador Rolando Figueroa llegó a un caso que genera polémica: el ahora exagente podría tener que devolver el dinero cobrado por los días no trabajados.

El gobierno provincial aplicó una sanción contundente contra Héctor Osvaldo Pradena, quien se desempeñaba en el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano. Según el expediente, el hombre faltó a su puesto de trabajo en reiteradas oportunidades, incumpliendo tanto el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) como el Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública de la Provincia del Neuquén (E.P.C.A.P.P.).

¿Cuántos días faltó?

Los auditores detectaron una seguidilla de ausencias que se extendió desde marzo hasta julio de 2024. En concreto, las faltas ocurrieron entre el 8 y el 27 de marzo, del 3 al 12 de abril, del 16 al 23 de abril, el 29 y 30 de abril, del 2 al 8 de mayo, del 10 al 14 de mayo, del 16 de mayo al 14 de junio y del 10 al 31 de julio. En total, sumaron aproximadamente dos meses sin justificación.

¿Qué pasó con su defensa?

El proceso administrativo comenzó el 20 de agosto de 2024, pero Pradena no se presentó a la declaración indagatoria cuando fue convocado para ejercer su derecho a la defensa. Su actitud fue similar a la de otros empleados alcanzados por la purga que lleva adelante la gestión de Figueroa.

La cesantía se formalizó en un decreto que remarca que “los trabajadores están obligados a la prestación personal del servicio con eficiencia, capacidad y dedicación adecuada”. Además, el texto sostiene que “las reiteradas ausencias continuas e injustificadas constituyen una grave violación de las obligaciones laborales”.

Ahora, la administración provincial no solo lo despidió por abandono de cargo, sino que también inició acciones para determinar si cobró esos días no trabajados. Si se confirma que lo hizo, lo intimarán a devolver el dinero. En caso de negativa, el caso pasará a la Fiscalía de Estado para iniciar acciones judiciales por posible enriquecimiento sin causa en perjuicio del Estado.

El caso de Pradena se suma a una serie de cesantías que buscan terminar con los privilegios y las inconductas en la administración pública neuquina. La pregunta que queda flotando es: ¿cuántos ñoquis más habrá en la estructura estatal?