Neuquén ya sacó 100 armas de los barrios: el dato que no esperaban los vecinos

La asistente letrada de la Unidad Fiscal de Narcocriminalidad de Neuquén, Mariana Querejeta, sostiene que la pelea contra el microtráfico no se mide solo en expedientes, allanamientos y condenas. Para ella, es una disputa por el territorio y por cómo viven los vecinos todos los días.

Desde su rol en el Ministerio Público Fiscal participa del trabajo que la Provincia inició cuando tomó a su cargo la persecución del último eslabón de la cadena del narcotráfico. La unidad especializada se creó a fines de febrero de 2025 y concentra su tarea en la ciudad de Neuquén y la región Confluencia; en el interior, la tarea queda en manos de fiscales jefes, asistentes letrados y equipos especializados.

La decisión, impulsada por el gobernador Rolando Figueroa, apuntó a fortalecer el trabajo conjunto entre el Gobierno provincial, el Ministerio Público Fiscal, la Policía del Neuquén, la Justicia, los municipios y los propios vecinos.

Con la desfederalización, Neuquén asumió un rol activo en esa pelea y armó un modelo apoyado en tres patas: decisión política, coordinación institucional y participación ciudadana. La meta que repiten en la Provincia es que la droga y las armas queden fuera de las calles y los barrios neuquinos.

Querejeta marcó además la necesidad de articular con otras instituciones. Destacó el diálogo con el Ministerio de Seguridad, el Poder Judicial, la Legislatura, los municipios y la Policía, en especial con el área de Antinarcóticos. Y planteó como próximo desafío profundizar el intercambio con el fuero federal para hacer investigaciones conjuntas que permitan seguir la ruta de la droga y llegar a quienes abastecen los puntos de venta territoriales.

Las cifras que muestran otro camino

En resultados judiciales, la funcionaria mencionó que hasta el momento se alcanzaron 197 condenas y el secuestro de numerosos bienes vinculados con esta actividad. Puso el foco en qué se hace después con esos recursos: “Estamos pudiendo lograr que esos bienes que fueron mal logrados, afectando a la sociedad, puedan utilizarse para seguir investigando, para fortalecer los planes de salud”.

Querejeta no es nueva en el tema: trabajó 18 años en el fuero Federal y lleva dos décadas vinculada a la persecución del narcotráfico. Por eso ve en la desfederalización un cambio de mirada sobre el problema.

“Creo que es el camino por el que se tiene que transitar”, afirmó. Según explicó, el fuero federal apunta a organizaciones criminales de gran envergadura, mientras que la provincia puede concentrarse en el impacto concreto del microtráfico en los barrios.

“Antes no se ponía el foco en el daño territorial que genera este tipo de delictividad”, señaló. Y describió una situación que, antes de la desfederalización, podía quedar al margen de la respuesta judicial: “Por ahí, no se priorizaba o no se le daba relevancia al vendedor en el barrio, que generaba violencia, disturbios, se adueñaba de una zona”.

Del expediente al barrio

Uno de los puntos que Querejeta considera centrales es poder medir los resultados más allá de la cantidad de droga secuestrada o de personas detenidas.

“Lo cierto es que nosotros tratamos, y fue una decisión del fiscal general, José Gerez, corrernos de las métricas tradicionales de medir el éxito según cuántas sustancias incauten en la calle o cuántas personas se apresan”, explicó. Y agregó que “esos números no permiten saber cuánto representa lo incautado sobre el total de droga que circula ni cuántas personas participan de la actividad delictiva”. Por eso la unidad empezó a mirar otros indicadores, sobre todo la evolución de los delitos conexos.

“Las métricas que nosotros tomamos para poder decir que estamos yendo por un buen camino son cómo está impactando el inicio de la persecución en materia de microtráfico en delitos conexos”, sostuvo.

Según su análisis, durante 2025 se produjo un quiebre en el crecimiento del ingreso de determinados casos al Ministerio Público Fiscal. Entre los delitos que empezaron a bajar nombró robos, hurtos, daños, lesiones, amenazas y situaciones de violencia vinculadas con bandas y uso de armas.

“Por primera vez, históricamente, los delitos que normalmente están conectados con este flagelo han empezado a descender”, afirmó, aunque aclaró que puede responder a múltiples factores y no exclusivamente a la persecución del microtráfico.

Otro dato que subrayó fue el secuestro de armas. “En este año y un poco más de siete meses que llevamos implementando esta política, ya hemos sacado solamente en allanamientos por microtráfico 100 armas, de la mayoría de alto calibre, de las calles”, dijo.

Para Querejeta, ese resultado permite ver dónde se concentra parte de la violencia asociada al fenómeno.

El mapa que dibujan los vecinos

La participación de los vecinos es otro componente central. Las denuncias anónimas de la ciudadanía permiten construir un mapa territorial de los puntos de venta.

“Cuando uno ve el mapa de las denuncias anónimas que hacen los ciudadanos uno ve la ciudad de Neuquén, como ejemplo, pasa en varios lugares de la provincia, cada tres, cuatro cuadras hay reportado un punto de venta”, relató.

Ese mapa explica por qué las investigaciones necesitan una estrategia de priorización. “No podemos hacer todo junto a la vez”, reconoció.

Por eso les pidió paciencia a quienes denuncian y esperan una respuesta inmediata. “Sé que es difícil, pero nosotros leemos, escuchamos, nos nutrimos de la información que nos mandan”, afirmó.

La estrategia prioriza, entre otros criterios, los puntos donde hay situaciones de violencia, uso de armas, amenazas o venta de sustancias que generan mayores daños. En particular, señaló a la cocaína como una de las sustancias que más le preocupan por su vínculo con los problemas de adicción.

Pero la respuesta no se agota en el trabajo judicial. Para Querejeta, el efecto real se ve cuando un vecino vuelve a sentirse seguro en su propia cuadra.

También destacó el cambio que percibe en los vecinos cuando una investigación logra desarticular un punto de venta. Para la asistente letrada, esa respuesta social es una señal concreta de que la persecución penal está llegando a una problemática que los vecinos identifican a diario.

“Sin la participación de la comunidad, el compromiso de la comunidad, es imposible”, enfatizó. La información de quienes viven en los barrios, sostuvo, permite conocer situaciones que difícilmente podrían detectarse solo desde los organismos de investigación.

Y resumió su expectativa en una idea que atraviesa toda su experiencia: “Yo creo que este es el camino para poder bajar la violencia fuertemente”.