Narcotest en San Luis: ya pasaron por el análisis 2.720 personas y apuntan a más del doble
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Narcotest en San Luis: ya pasaron por el análisis 2.720 personas y apuntan a más del doble

¿Cuántos de los 12.200 alcanzados por la ley pasarán este año por el análisis y qué pasa si el resultado da positivo? El operativo que ya lleva 2.720 muestras tomadas.

La Ley de Ejemplaridad y Coherencia sigue sumando controles en San Luis. Según informó el Gobierno provincial, en lo que va de 2026 ya se extrajeron 2.720 muestras para análisis toxicológicos, dentro del esquema de exámenes obligatorios que busca detectar el consumo de sustancias.

La norma, impulsada por la gestión de Claudio Poggi, alcanza a funcionarios de los tres poderes del Estado y este año sumó a su universo a integrantes de la Policía, el Servicio Penitenciario y trabajadores del sistema público de salud.

Cuántas personas entran en el esquema

El secretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo Bazla, había precisado que el alcance de la ley se extendió a 12.200 personas. De ese total, la proyección oficial es seleccionar a 5.800 para realizarles los estudios a lo largo del año.

Las muestras las procesa la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL). Se trata de análisis de orina capaces de detectar diez sustancias, entre ellas cocaína, marihuana, benzodiacepinas y otras drogas sintéticas.

Sorteos, confidencialidad y contramuestra

La elección de los examinados se define por sorteos públicos. El procedimiento contempla resguardos de confidencialidad y abre la posibilidad de pedir una contramuestra cuando un resultado da positivo.

Los números del año pasado marcan la referencia: durante 2025 se concretaron 1.909 exámenes, de los cuales 48 dieron positivo, de acuerdo con los datos oficiales. Para este año, el Gobierno proyecta llegar a unos 5.500 controles.

Con la ampliación de la nómina alcanzada, la iniciativa apunta a reforzar el control sobre el ejercicio de la función pública y a fijar mecanismos de prevención y actuación frente al consumo de sustancias.

El director de Legalidad y Ética Pública, Bruno Fernández, y el ministro de Gobierno, Gonzalo Amondarain.

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