Nación quiere cobrar peaje en la Ruta 12 en Misiones y estalló la polémica: ¿impuesto encubierto?

El Gobierno nacional avanza con su plan de instalar una nueva estación de cobro sobre la Ruta Nacional 12, a la altura de Puerto Rico, en el marco de la Red Federal de Concesiones. La medida, que privatizaría el corredor por dos décadas, generó un duro rechazo en Misiones y encendió las alarmas en el sector productivo y comercial.

Ricardo Lasca, coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial, fue contundente al referirse a la iniciativa en el programa Primer Día, que se emite por el stream de Misiones Online y Radio Libertad. Para el especialista, no se trata de un peaje tradicional sino de un impuesto al tránsito que impactará de lleno en el bolsillo de los ciudadanos.

¿Qué hay detrás del nuevo peaje?

Lasca explicó que un peaje legítimo requiere de un camino alternativo sin costo y que los fondos recaudados financien una obra nueva. En este caso, el cobro se aplicaría sobre una ruta ya existente, lo que considera un despropósito. “Cuando los medios dicen aumentó el peaje, no, aumentó el impuesto al tránsito, esto no es un peaje”, remarcó el referente.

El impacto no solo afectaría a los conductores particulares. El encarecimiento de la logística se trasladaría directamente a los precios de los productos básicos. “Usted compra un kilo de yerba y está pagando el peaje, cuando toma un micro, en el pasaje está incluido el peaje”, ejemplificó.

La plata está, pero no llega a las rutas

El especialista desmintió el argumento oficial sobre la falta de recursos para el mantenimiento vial. Según Lasca, el dinero ya se recauda a través del impuesto a los combustibles, que aporta más de 3500 millones de dólares anuales. “Otra gran mentira es cuando dicen no hay plata, no, señores, la plata está”, sentenció.

Con esos fondos, el Estado podría construir miles de kilómetros de autopistas sin necesidad de cobrar peajes. Sin embargo, el Gobierno nacional desvía esa recaudación hacia otros fines y abandona las rutas. “Esa plata que aportamos con tanto esfuerzo es para hacer obras de infraestructura vial, entonces, hablamos claramente de una doble imposición”, agregó.

El fantasma del esquema de los 90

Lasca comparó el plan actual con las privatizaciones de los años 90 y advirtió que el nuevo esquema contempla una estación de cobro cada 90 kilómetros, algo que calificó como un fracaso rotundo. “Lo más grave de este plan del Gobierno es volver al esquema de los 90, que fue un fracaso, que es una estafa vial, que es aún peor”, aseguró.

Además, cuestionó la promesa de inversiones privadas: “Encima se nos burlan en la cara diciendo que va a haber inversión, la inversión no es privada y aparte solo contempla el corte de pasto y bacheo, o sea, un maquillaje”.

El costo para el transporte y las economías regionales

El sector productivo sería uno de los más perjudicados. Un camión de carga debería abonar entre 20 y 30 mil pesos en cada estación de cobro, según estimó Lasca. A eso se suman los gastos de combustible, patente, seguro y otros impuestos. El referente puso como ejemplo la ruta de Capital Federal al puerto de Bahía Blanca, donde un camión pagaría cerca de 30 millones de pesos al año.

“Es una locura, y encima en un país donde no tenemos ferrocarril y el transporte fluvial deja mucho que desear”, lamentó.

Falta de respuestas institucionales

En el plano político, Lasca recordó que las asociaciones civiles presentaron proyectos para auditar los fondos viales, pero fueron ignorados en el Congreso. También señaló que hace 17 años no hay Defensor del Pueblo a nivel nacional, lo que deja a los ciudadanos sin protección.

El coordinador responsabilizó al presidente Javier Milei por la situación: “El Estado debe garantizar el estado de transitabilidad de la red vial nacional y por eso tiene el impuesto a los combustibles”. Y concluyó: “Lo que se recauda se gasta en el costo operativo del cobro de ese falso peaje y no se vuelca plata al camino”.