Nación le puso fecha a la concesión de los aeropuertos: qué cambia para Río Gallegos
Nación readecuó la concesión de Aeropuertos Argentina y hay un dato que cambia todo para Santa Cruz: una terminal queda adentro del nuevo esquema y la otra no. ¿A cuál le toca el nuevo contrato?
El Gobierno nacional aprobó la readecuación del contrato de concesión de Aeropuertos Argentina, la empresa que administra 35 aeropuertos en el país. La medida llega con un dato que impacta de lleno en Santa Cruz: Río Gallegos queda dentro del nuevo esquema, pero El Calafate no.
La decisión se oficializó mediante la Decisión Administrativa 27/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial. El nuevo contrato fija como fecha de finalización el 13 de febrero de 2049, aunque contempla la posibilidad de estirarla hasta 2056 si se cumplen determinadas condiciones.
Río Gallegos sí, El Calafate no
El Aeropuerto Internacional Piloto Civil Norberto Fernández, en Río Gallegos, integra el Grupo "A" de aeropuertos concesionados a Aeropuertos Argentina. El listado oficial histórico incluye expresamente a la terminal capitalina, que sigue dentro de la red operada por la empresa.
El Calafate, en cambio, tiene un esquema concesional distinto, a cargo de London Supply, y no forma parte del Grupo "A". La documentación del ORSNA registra desde hace años a la terminal santacruceña entre los aeropuertos con un régimen particular, separado del contrato de Aeropuertos Argentina 2000.
Por eso, la extensión anunciada por Nación no significa que la concesión del aeropuerto de El Calafate se haya extendido hasta 2049 con esta decisión.
Qué establece el acuerdo y qué pasa con los USD 600 millones
La norma aprueba el "Acta Acuerdo de Readecuación Contractual" firmada el 1° de septiembre entre el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) y Aeropuertos Argentina 2000. La renegociación se puso en marcha por el impacto de la pandemia sobre el tráfico aéreo y la ecuación económica del contrato.
El acuerdo establece una inversión directa adicional de USD 600 millones, IVA incluido. Sin embargo, el propio texto oficial aclara que esos fondos están destinados al Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza, provincia de Buenos Aires.
Con la información publicada hasta ahora, no corresponde afirmar que esos USD 600 millones irán a obras en los aeropuertos santacruceños.
La empresa deberá acreditar antes del 30 de junio de 2027 que dispone de los fondos, créditos o compromisos financieros para afrontar la inversión. Además, tendrá que alcanzar el grado de ejecución de obras previsto antes del 31 de diciembre de 2031.
La concesión podría llegar hasta 2056
El nuevo acuerdo fija una primera fecha de finalización: 13 de febrero de 2049. Pero existe una segunda instancia: el acta contempla una extensión adicional que podría llevar el contrato hasta el 13 de febrero de 2056, siempre que Aeropuertos Argentina cumpla las condiciones vinculadas con el financiamiento y la ejecución de las inversiones comprometidas. Si no las cumple, la concesión termina en 2049.
La decisión también incorpora nuevas metas de inversión, mecanismos de revisión y modificaciones en la proyección financiera de ingresos y egresos de la concesión.
El dato que impacta en Río Gallegos
La situación adquiere relevancia para la capital santacruceña porque su aeropuerto permanece dentro de la red operada por Aeropuertos Argentina. Durante 2026, la terminal atravesó una intervención de importancia en su pista principal: la obra implicó una inversión informada de USD 24 millones y fue ejecutada por la empresa en el marco del sistema aeroportuario nacional.
La nueva decisión nacional, sin embargo, no identifica en su texto una inversión de USD 600 millones para Río Gallegos ni establece un monto específico para Santa Cruz. Ese punto deberá seguirse a partir del detalle de los planes de obras y de las futuras actuaciones del ORSNA.
La renegociación también contempla el cierre de reclamos administrativos y judiciales vinculados con la concesión, con el objetivo de establecer un nuevo marco contractual de largo plazo entre el Estado nacional y la empresa.