Murió una anciana en un geriátrico y sospechan que usaron su tarjeta para hacer compras

La muerte de una interna de un hogar de ancianos en Añatuya destapó una presunta estafa que tiene como protagonista a un familiar de la víctima. La mujer falleció en mayo y, tres meses después, aparecieron compras y pagos de servicios realizados con su tarjeta de débito.

La denuncia fue presentada por Cristina del Valle Mereles, quien está a cargo del hogar de ancianos Mama Antula, en la ciudad cabecera del departamento General Taboada, Santiago del Estero. Mereles era la apoderada de Francisca Nieva, una de las internas, y se encargaba de cobrar sus haberes jubilatorios y de comprarle los artículos de primera necesidad.

¿Qué pasó con la documentación de la fallecida?

Francisca Nieva murió el 3 de mayo de este año, víctima de una enfermedad que padecía desde hacía tiempo. Al día siguiente, se presentó uno de sus sobrinos y Mereles le entregó toda la documentación de la mujer: DNI, tarjeta de débito donde le depositaban la jubilación, carnet del PAMI y el recibo de sueldo. El hombre se comprometió a realizar la baja ante los organismos correspondientes para evitar futuros inconvenientes.

Sin embargo, el miércoles 29 de julio, Mereles fue al banco a cobrar su propio sueldo y se encontró con una sorpresa: sus haberes estaban retenidos por una deuda a nombre de la fallecida. Según le explicaron, la retención se debía a que ella figuraba como apoderada de Nieva.

Compras online y una factura de luz

Al revisar los movimientos financieros, Mereles descubrió que con la tarjeta de débito de la anciana fallecida se habían realizado compras online e incluso se había pagado una factura de energía eléctrica. Todas estas operaciones ocurrieron durante los últimos tres meses, es decir, después de la muerte de Nieva.

La damnificada se presentó en la Comisaría Comunitaria Nº 41 y radicó una denuncia por estafa y defraudación. Allí desconoció todas las operaciones realizadas y apuntó directamente contra el sobrino de la fallecida, quien había recibido la documentación.

El caso quedó en manos de la Unidad Fiscal de Añatuya y del Departamento de Delitos Económicos de la Policía de la Provincia, que ya iniciaron una profunda investigación para determinar responsabilidades y esclarecer el hecho.