Murcia apuntó contra los empresarios del puerto: "Estar mirando para otro lado molesta"

El titular de la Dirección Provincial de Puertos (DPP), Roberto Murcia, cuestionó con dureza la falta de pronunciamiento público de las cámaras empresarias frente a la intervención federal del Puerto de Ushuaia y advirtió que la Provincia perdió capacidad efectiva de administración sobre sus propios bienes. La intervención, a cargo de la ANPyN, ya lleva casi nueve meses.

Murcia reveló que desde el inicio de la intervención quedaron sin efecto todas las habilitaciones que otorgaba la DPP para ingresar al área portuaria. El cambio alcanzó incluso a funcionarios y trabajadores provinciales que tenían acceso regular. El propio Murcia aseguró que la noche en que comenzó la intervención le impidieron el ingreso.

Los controles ambientales, en el centro de la escena

Uno de los puntos más sensibles es el de los organismos de control. Antes de la llegada de la ANPyN, existía una mecánica aceitada con las áreas ambientales provinciales: el Ministerio de Producción y Ambiente remitía anualmente la nómina del personal afectado a las inspecciones, la DPP emitía las credenciales y brindaba la capacitación correspondiente, y los inspectores podían ingresar durante toda la temporada para cumplir sus funciones.

Según Murcia, ese esquema cambió por completo desde el 21 de enero, cuando las habilitaciones provinciales quedaron sin efecto y la intervención empezó a establecer sus propios permisos de acceso.

Maquinaria provincial en manos ajenas

El funcionario también puso el foco sobre el patrimonio provincial que quedó dentro del área intervenida. Maquinaria, vehículos, montacargas y otros equipos adquiridos por la Provincia permanecen allí, y parte de ese equipamiento es utilizado actualmente por personas que no pertenecen a la DPP.

La paradoja que describió es elocuente: trabajadores que tenían maquinaria bajo su responsabilidad administrativa hoy no pueden acceder a ella. Murcia afirmó que se adoptaron medidas para deslindar la responsabilidad de esos agentes sobre bienes cuya custodia efectiva ya no pueden ejercer.

La discusión alcanza también a la plazoleta fiscal. El titular de la DPP recordó que la intervención decidió ocupar no solo el muelle sino toda el área logística, un espacio que genera ingresos mediante las tarifas aplicadas al movimiento y permanencia de contenedores. Para graficarlo, usó una comparación contundente: es como si alguien ocupara una casa ajena, la alquilara, cobrara la renta y además hiciera modificaciones sin consultar al propietario.

El silencio empresario que incomoda

Pero uno de los cuestionamientos más fuertes estuvo dirigido al sector empresario. Murcia manifestó su malestar porque instituciones estrechamente vinculadas con la actividad portuaria no expresaron públicamente un rechazo a la intervención con la contundencia que esperaba.

Reivindicó el aporte privado al desarrollo del destino, pero recordó que desde la provincialización fueron las administraciones provinciales las que financiaron ampliaciones, mantenimiento, salarios y adquisición de equipamiento. "Estar mirando para otro lado molesta", sintetizó al reclamar que las entidades empresarias acompañen institucionalmente el pedido para que el puerto vuelva a la administración provincial.

Murcia reveló que mantuvo recientemente una reunión con la Cámara de Comercio en la que solicitó ese acompañamiento. Según relató, hubo coincidencia en que el Puerto debe retornar a manos provinciales y se planteó la posibilidad de trabajar conjuntamente. Sin embargo, hasta el momento no se conoce un pronunciamiento público de la entidad. "Estamos esperando", señaló.

También indicó que se promovieron encuentros con otras cámaras para discutir una posición común en defensa del patrimonio provincial. Su planteo buscó separar deliberadamente esa discusión de cualquier alineamiento partidario: para Murcia, el reclamo debe centrarse en la titularidad provincial del Puerto y no en la defensa de una gestión gubernamental determinada.

Sobre el final dejó planteada otra cuestión que excede la coyuntura. Reconoció que la DPP mantuvo históricamente una política ampliamente dialoguista con operadores y actores privados, pero sostuvo que la intervención dejó al descubierto una situación más llamativa: una decisión restrictiva adoptada por la conducción provincial hubiera provocado reclamos empresarios y políticos inmediatos, mientras que disposiciones similares de la intervención son aceptadas sin que los operadores evidencien una reacción pública equivalente.

La discusión que plantea Murcia ya no se limita a quién administra circunstancialmente el Puerto de Ushuaia. Alcanza a quién controla los bienes provinciales, quién decide quién puede ingresar, qué capacidad conservan los organismos fueguinos para ejercer sus competencias y cuál es la posición de quienes desarrollaron durante décadas sus actividades económicas alrededor de una infraestructura construida y sostenida por la Provincia.