Multa millonaria, garantías liberadas y una firma que no querían que se sepa: la denuncia que complica a Jalil

Legisladores opositores presentaron una denuncia penal para que se investiguen presuntas irregularidades en la construcción del Gasoducto Troncal Lavalle, en Catamarca. El foco está en un acuerdo que redujo una multa de $1.963 millones a poco más de $301 millones y liberó garantías por $922 millones.

La presentación, radicada ante el Ministerio Público Fiscal, apunta a reconstruir la cadena de actos administrativos y contractuales de la obra pública provincial. También pide pericias contables y de ingeniería para determinar si hubo un daño económico para las arcas de Catamarca.

La multa que terminó en una fracción

El eje central de la denuncia es el Acuerdo Conciliatorio firmado en mayo de 2026. Según el escrito, la empresa MEGA S.R.L. había sido sancionada con una multa contractual de $1.963 millones por incumplimientos. Sin embargo, la Provincia aceptó un pago final de $301 millones, poco más del 15% del monto original.

El convenio también incluyó la liberación de garantías por $922 millones, la renuncia a reclamar eventuales perjuicios y la modificación de antecedentes registrales de la firma. La denuncia busca saber qué informes económicos, contables o jurídicos respaldaron esas decisiones.

¿Qué pasó con los materiales?

Otro de los puntos cuestionados son los materiales adquiridos para el gasoducto. La Provincia compró por $1.827 millones unos 116 kilómetros de cañería de acero destinados exclusivamente a la obra, que quedó paralizada y sin terminar.

Por eso se pidió una constatación física y un inventario urgente en los predios de acopio. El objetivo es determinar cuánto material se incorporó efectivamente a la obra, cuánto sigue sin usar y en qué condiciones se encuentra.

Además, se solicitó preservar los expedientes administrativos y los registros del sistema de gestión documental electrónica, junto con información sobre el cumplimiento del acuerdo y la documentación que justificó las concesiones.

Un acuerdo bajo la lupa

La denuncia también apunta a un posible conflicto institucional. El Acuerdo Conciliatorio fue suscripto por el Fiscal de Estado en comisión, organismo que tiene entre sus funciones la defensa de los intereses patrimoniales de la Provincia.

Por ese motivo, se pidió que se adopten recaudos para garantizar una adecuada representación provincial en caso de que Catamarca sea considerada damnificada y evitar un eventual conflicto de intereses.

El escrito remarca que la investigación debe permitir reconstruir la secuencia completa de los hechos, determinar quiénes intervinieron en las decisiones cuestionadas y establecer si las medidas adoptadas provocaron un perjuicio para las arcas públicas.

“No se está anticipando culpables ni reemplazando a la Justicia. Se pide que se investigue por qué la Provincia resignó más de mil seiscientos millones de pesos de un crédito propio, liberó garantías y borró antecedentes de una empresa que había incumplido, y que se diga con qué informes se tomó esa decisión. Si esas razones existen, que se muestren. Y si no existen, que se determine quién decidió y por qué”, señala la presentación.

El gasoducto

El Gasoducto de Integración Lavalle Catamarca se proyectó como una obra estratégica de 125 kilómetros para interconectar el sistema de transporte de gas natural desde el este provincial hasta el Valle Central. Con un presupuesto inicial que superaba los $6.300 millones, el plan contemplaba la excavación, el tendido de la red y la compra de 116 kilómetros de cañerías de acero de 10 pulgadas de diámetro.

El objetivo era resolver las restricciones de suministro energético en la región e impulsar el consumo residencial y el desarrollo productivo. Sin embargo, la obra quedó envuelta en controversias legales tras la rescisión del contrato en 2024 con la empresa constructora original y la posterior firma del polémico acuerdo conciliatorio.