Moyano lo mandó a denunciar un fraude millonario, pero ahora quiere que la causa se apague

Hace poco más de un año, Héctor “Yoyo” Maldonado caminó hasta la fiscalía N°10 de Mar del Plata y puso sobre la mesa una denuncia explosiva: supuestas irregularidades en el manejo del Hotel 15 de Diciembre, propiedad del Sindicato de Camioneros. Apuntó contra empleados y proveedores por un fraude que, según su propio relato, rondaba los $13.000 millones. Detrás de esa presentación estaba la orden de Hugo Moyano. Hoy, el expediente que el propio líder sindical activó parece haber quedado en el olvido: la documentación contable que debía respaldar la acusación nunca llegó completa.

La denuncia se formalizó el 12 de septiembre de 2025 ante el fiscal Carlos David Bruna. Maldonado, secretario de Turismo del gremio y mano derecha de Moyano —con quien compartió la gestión de Independiente—, señaló a trabajadores y empresas proveedoras del hotel marplatense. El fiscal pidió una pericia contable que tardó un año en conocerse: el informe final, de 75 páginas, se presentó el 30 de octubre pasado.

Lo que dijeron los peritos

Del peritaje participaron cinco contadores. Tres de ellos —Rodrigo Otamendi, Facundo Domínguez Marzano y Juan Tellechea, propuestos por imputados— fueron contundentes: “con la información puesta a disposición por el denunciante no es posible determinar un perjuicio económico determinado y menos aún el responsable del mismo”.

Los especialistas también coincidieron en un punto que complica la versión del gremio: el dinero con el que se cubrieron los cheques diferidos para afrontar los gastos del hotel salía de la sede central del sindicato, en la Ciudad de Buenos Aires, donde el control absoluto lo tiene Moyano. Julián Aceto fue el perito designado por la fiscalía, mientras que Guillermo Luis Dello Russo representó a los denunciantes.

En la página 43 del informe, los contadores de los imputados dejaron otra advertencia: el sindicato nunca aclaró quiénes firmaron los cheques observados ni quiénes estaban autorizados a operar la cuenta del Banco Provincia con la que se movían los fondos del hotel. Dello Russo sostuvo que los firmantes eran Claudio Omar Balazic y Paulo Héctor Villegas, aunque en última instancia la responsabilidad recaía en Maldonado. Ninguno de los dos está imputado por ahora y, desde que fueron expulsados del gremio, evitaron hablar públicamente.

El terremoto interno y las sospechas que no cierran

Cuando la causa se hizo pública el año pasado, Moyano reaccionó rápido: desplazó al secretario Administrativo, Balazic, y al secretario Tesorero, Villegas, ambos de su círculo de máxima confianza y señalados como firmantes de los cheques bajo la lupa. La salida de los dos dirigentes desató un sismo interno que obligó al líder camionero a recambiar nombres en las áreas contable y legal. En paralelo, se filtraron detalles de transferencias millonarias a fideicomisos vinculados a la familia del sindicalista.

El peritaje también aportó datos que debilitan la denuncia. No se verificaron pagos duplicados ni transferencias a beneficiarios ajenos a la operación. Tampoco se pudo comprobar si hubo extracción de efectivo ni constatar la ocupación real del hotel, donde —según el testimonio de una fuente con acceso al expediente— se alojaban “artistas, jueces y fiscales sin dejar registros de pago”.

“La pericia no afirma ni niega la existencia de fraude, esa será una tarea de la fiscalía y los jueces”, aclararon fuentes judiciales. El caso sigue abierto y sin un desenlace claro.

La contradicción de Maldonado y la defensa de los imputados

El 29 de octubre de 2025, Maldonado declaró por única vez ante Bruna en Mar del Plata. Allí contó cómo llegó a la denuncia: “A fines de julio hubo un requerimiento de ARCA por empresas proveedoras, pero el contador no lo informó. No nos dijo nada. En agosto tuve una reunión con el secretario general y me dice que vaya a Mar del Plata. Fue en ese momento cuando descubrimos esta maniobra fraudulenta que nos afecta mucho”.

Sin embargo, el dirigente tropezó con su propio testimonio cuando le preguntaron por el monto del presunto fraude. Primero aseguró que “nunca” había mencionado una cifra; después reconoció que, según un informe sobre todos los cheques librados, el número podría llegar a los $13.000 millones.

“A lo sumo hubo algún sobreprecio en algún producto comprado a algún proveedor, pero no llega ni cerca a los 13.000 millones que se denunció inicialmente”, declaró a LA NACION Maximiliano Orsini, abogado defensor de dos de los imputados. Entre los gastos que se investigan aparecen erogaciones con el concepto “varios” por $70 millones, cientos de kilos de carne y otra mercadería que no habría sido consumida por los huéspedes, y 1.615 botellas de vino de alta gama para una supuesta cata que nunca se habría realizado.

Presiones en ARCA

Orsini presentó un escrito para que la jueza Lucrecia Bustos le pida a Bruna que cite a declarar a Manuel Rodríguez, uno de los cinco funcionarios de la sede marplatense de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que fueron desplazados por haber facilitado documentación a la Justicia al inicio de la investigación, según reveló LA NACION el 26 de abril último.

Según el escrito de Rodríguez ante el Ministerio Público Fiscal, los desplazamientos los ordenó el subdirector general de Operaciones Impositivas del Interior, Carlos García Pastrana, quien reporta al titular de la Dirección General Impositiva, Mariano Mengochea, hombre de confianza del jefe de ARCA, Andrés Vázquez.

Rodríguez detalló que García Pastrana impartió órdenes directas por teléfono al entonces titular de la Regional marplatense, Luis Tymkiw, y a uno de los jefes de fiscalización abocados a la causa, Gustavo Capdeville, para frenar la investigación. Desde entonces, ARCA no aportó documentación para el peritaje. Por ahora, Bruna no tendría previsto citar al exfuncionario que denunció las presiones, según dijeron fuentes judiciales.