Movilización en Río Gallegos: el reclamo que pone en jaque el futuro de los municipios

Este jueves, las calles de Río Gallegos serán escenario de una movilización que promete ser histórica. El intendente Pablo Grasso, junto a trabajadores municipales, marchará para exigir respuestas por los recursos de coparticipación y defender la autonomía municipal. La medida busca presionar al Tribunal Superior de Justicia para que emita un fallo clave que definirá el destino de todas las comunas de Santa Cruz.

Durante la protesta, se entregarán petitorios al Tribunal Superior de Justicia, al Ejecutivo provincial y a la Cámara de Diputados. En diálogo con La Parada, por Tiempo FM 97.5, Gonzalo Chute, secretario de Legal y Técnica de Río Gallegos, explicó los motivos: “Está en juego el futuro de los municipales y el futuro de los municipios como nivel de gobierno”.

¿Qué se reclama con esta movilización?

Chute detalló que la protesta no es solo de Río Gallegos, sino que convoca a varios intendentes de la provincia. “Es una manifestación de varios intendentes de la provincia, no solo de Río Gallegos, exigiéndole al Tribunal que emita sentencia sobre el fondo de la cuestión”, afirmó. El funcionario subrayó que se discute la constitucionalidad de una facultad de retención unilateral sobre fondos municipales, una medida que afecta a todos los municipios por igual.

En ese marco, Chute calificó la decisión que debe tomar el Tribunal como “tal vez la decisión más importante que tenga que tomar el Tribunal en su historia”. La urgencia radica en que los municipios necesitan previsibilidad para planificar su futuro, algo que hoy no tienen.

El apoyo de los intendentes

Consultado sobre quiénes acompañan el reclamo, Chute mencionó a Darío Menna, Aldo Aravena y Javier Belloni, pero aclaró que el planteo es transversal. “Creo que todos hemos visto en distintos medios de comunicación a los intendentes, incluso del Partido SER, y ninguno ha dicho que sea sostenible un municipio si se ejecutara esta facultad de retención sobre deudas que datan del año 1991”, señaló. También citó a los jefes comunales de Puerto Deseado, Pablo Carrizo, y Las Heras, Antonio Carambia.

“Esta realidad es transversal. Más allá de que el Gobierno de la provincia de Santa Cruz quiere centrar la cuestión exclusivamente en Río Gallegos o en los intendentes del espacio Unión por la Patria, la realidad es que todos los municipios de Santa Cruz estamos en idéntica situación desde el año 1991”, remarcó Chute.

El proyecto que presentarán en la Cámara de Diputados

La movilización también servirá para presentar un proyecto legislativo que sintetiza “la postura institucional histórica de todos los municipios de Santa Cruz”. Chute explicó que los municipios no depositan los aportes a las Cajas porque “no tienen los recursos para hacerlo”, y recordó que sus ingresos se basan en la Ley de Coparticipación 1494, sancionada en 1983.

El proyecto propone modificar el esquema actual, ampliando los coeficientes de coparticipación, aumentando la coparticipación nacional y eliminando la detracción del 20% sobre los fondos coparticipables. También busca elevar al 10% las regalías petroleras, incorporar regalías mineras por el mismo porcentaje y establecer un 10% sobre las prórrogas de concesiones petroleras.

Además, plantea suspender la facultad de retención sobre deudas antiguas y crear “un mecanismo de extinción de obligaciones recíprocas similar al que el Gobierno de la provincia suscribió con el Gobierno nacional”. Chute fue contundente: “Es cierto que los municipios debemos los aportes, pero también es cierto que la provincia, en distintos conceptos, tiene deudas con los municipios”. En muchos casos, agregó, “las deudas de la provincia con los municipios son más grandes que las de los municipios con la provincia”.

Antecedentes y soluciones

Consultado sobre compensaciones previas, Chute recordó que hubo anuncios, pero “después entendemos que no se ejecutó”. No obstante, destacó un antecedente de 1991, cuando la Provincia y el Municipio de Río Gallegos pactaron una compensación conjunta de deuda. “Básicamente lo que buscamos es institucionalizar esto”, expresó.

Para Chute, la solución “tiene que ser consensuada, tiene que ser en conjunto y, sobre todo, sería importante que sea el gobernador quien genere las reuniones y las gestiones necesarias”.

“No hay ningún apriete”

Ante las versiones de presiones, Chute negó tajantemente que haya coacción sobre los trabajadores: “Desde ya que no hay ningún apriete, por supuesto que no, pero vamos a defender la postura que el municipio ha defendido siempre”. Aclaró que el intendente Grasso defiende esta causa porque “no es un tema político partidario, es un problema institucional”.

“Esta es la postura histórica de los municipios desde el año 1991. No es que Pablo se levantó y salió con esto”, remarcó. El reclamo surge ante “la amenaza certera de que se aplique una facultad que está prevista en la ley, pero que nunca se había aplicado”. Según Chute, esa facultad “roza la inconstitucionalidad si no es que es inconstitucional”.

“Por supuesto que vamos a defender esa postura desde ya, pero porque lo que está en juego es el futuro de los municipales y el futuro de los municipios como nivel de gobierno”, concluyó.