Motocadetes contra las nuevas multas: 'Más sanciones no significan más prevención'

Los trabajadores de delivery y mensajería del Chaco salieron a cuestionar la reforma que endurece las penas para infracciones viales. Aseguran que el castigo no alcanza y piden una política integral que ponga el foco en la educación y la prevención.

La Legislatura chaqueña aprobó por unanimidad cambios en el Código de Faltas y la Ley de Tránsito, pero los motocadetes no se quedaron callados. Consideran que la respuesta estatal se concentra en sancionar, cuando el problema real está en la falta de prevención y en las condiciones laborales que los empujan a manejar con riesgos.

El referente del sector, Fabio Zerpa, fue contundente en diálogo con Radio Natagalá: las multas ya existían y, sin embargo, los siniestros siguen en aumento. Para él, la solución no pasa por castigar al conductor, sino por garantizar educación, controles efectivos e infraestructura adecuada.

¿Qué piden los motocadetes?

En un comunicado, el sector resumió su postura con una frase que resume todo: “Más sanciones no significan más prevención”. Reclaman que se avance con capacitación de conductores, señalización, campañas permanentes de concientización y una infraestructura que acompañe.

“La seguridad vial no se va a resolver únicamente mediante multas y sanciones. Las herramientas sancionatorias ya existen y, sin embargo, los siniestros viales continúan aumentando”, subrayaron.

Además, piden que se contemple la realidad de quienes usan la moto como herramienta de trabajo y pasan horas en la calle. “No queremos una política vial basada exclusivamente en castigar al conductor después de cometer una infracción”, insistieron.

En el marco de los 30 años del servicio de cadetería en la provincia, exigen ser parte del debate y que el Estado avance hacia una verdadera cultura de prevención.

Una regulación que ya existe

Zerpa remarcó que no hace falta crear nuevas normas, sino hacer cumplir las que ya están. En Resistencia, la actividad está regulada por una ordenanza de 2010, y en 2021 se amplió para incluir a los trabajadores de plataformas digitales.

“En el Chaco está totalmente regulado el servicio, hasta las aplicaciones”, afirmó. Sin embargo, admitió que muchas disposiciones no se aplican, como la identificación y registración de los repartidores.

Según el dirigente, existe un registro provincial en el área de Transporte y todas las herramientas están listas. “Está todo preparado, tan solo que los gobiernos no han decidido ejecutar plenamente”, cuestionó.

La identificación volvió a ser tema central tras hechos delictivos donde personas usaron indumentaria de delivery para engañar a sus víctimas. Zerpa advirtió que la confianza que genera un repartidor puede ser aprovechada, y que la registración daría mayores garantías.

La presión por hacer más viajes

Otro punto clave es la relación entre seguridad vial y condiciones de trabajo. Zerpa reconoció que hay maniobras peligrosas, pero las vinculó con un sistema que paga por cantidad de entregas.

“No estoy justificando. Le estoy diciendo la realidad”, respondió cuando le mencionaron el zigzag o los semáforos en rojo. Para él, cambiar esas prácticas requiere intervenir en la organización laboral.

“Para que un motomandado pueda cumplir con todas las normas de tránsito y llevar la pizza a su casa, tiene que ir con un solo pedido”, ejemplificó. Pero los bajos pagos por entrega obligan a hacer muchísimos viajes para llegar a un ingreso digno.

Zerpa estimó que el 80% de quienes hoy trabajan en el sector tiene entre 18 y 25 años, y reclamó que no hay instancias sistemáticas de educación vial para estos jóvenes.

Ingresos que tienen costos

El dirigente también relativizó las cifras de ganancia que se difunden sobre el trabajo en apps. Aunque un repartidor pueda juntar un monto mensual, debe pagar combustible, mantenimiento y conectividad.

Puso un ejemplo concreto: un motocadete que trabaja ocho horas diarias, seis días a la semana, puede recorrer unos 3.500 kilómetros al mes y gastar cerca de $300 mil solo en combustible. Eso sin contar datos móviles y arreglos del vehículo.

“La seguridad vial no se construye solamente con sanciones: se construye educando, concientizando y previniendo para salvar vidas”, concluyó Zerpa.

Qué cambia con la nueva normativa

La reforma, aprobada por los 24 diputados presentes, modifica el artículo 96 de la Ley 850-J. Conductas como exceder la velocidad, manejar peligrosamente, cruzar semáforos en rojo o ir en contramano podrán tener hasta 30 días de arresto o multas de hasta seis salarios mínimos.

Para los motociclistas hay reglas específicas: podrán ser sancionados si circulan sin luces, con frenos en mal estado, sin los dos espejos o sin casco homologado, algo que también aplica al acompañante. Además, se podrá secuestrar la moto hasta que se regularice la situación.

La inhabilitación para conducir, por hasta 180 días con retiro de licencia, es otra de las sanciones accesorias posibles. Pero la reforma no es solo punitiva: también incorpora jornadas de capacitación vial en las escuelas, a cargo del Ministerio de Educación.

Ese último punto coincide con el reclamo de los motocadetes, aunque ellos piden que la prevención tenga mucho más peso dentro de la política de seguridad vial.