Monteros le puso un plazo a una diputada nacional: intimación y amenaza de juicio por acusaciones “falsas”

El ministro del Interior de Tucumán, Darío Monteros, tomó una medida drástica contra la diputada nacional Soledad Molinuevo. La intimó formalmente a retractarse en 24 horas de graves acusaciones públicas o enfrentará acciones judiciales. El conflicto escaló tras declaraciones de la legisladora que vinculan al funcionario con hechos delictivos.

La comunicación formal, una carta documento, fue enviada por Monteros en respuesta a las afirmaciones realizadas por Molinuevo el pasado 11 de marzo. Ese día, la diputada nacional habló en el canal LN+, en su cuenta de X (ex Twitter) y en entrevistas radiales, donde realizó señalamientos directos.

Entre las acusaciones más graves, Molinuevo afirmó que “toda la mafia tucumana está manejada por el ministro del Interior”. Además, vinculó a Monteros con la agresión sufrida por el diputado nacional Federico Pelli, según detalla el documento oficial.

¿Qué exige la intimación del ministro?

Desde el Ministerio del Interior tucumano se calificaron dichas declaraciones como “absolutamente falsas, maliciosas y carecen de cualquier tipo de sustento”. Argumentan que constituyen una grave afectación al honor, la trayectoria pública y la investidura institucional del ministro.

En la carta, Monteros intimó a la diputada a cumplir con tres puntos específicos en un plazo perentorio de 24 horas. Debe cesar de inmediato con el hostigamiento y las imputaciones falsas, retractarse públicamente por los mismos medios utilizados y eliminar todas las publicaciones difamatorias.

El texto es claro sobre las consecuencias de no acatar la intimación. Se advierte que, de no producirse la retractación correspondiente, se iniciarán acciones judiciales por los delitos de calumnias e injurias. Además, se avanzará con una demanda civil por daños y perjuicios.

El contexto de las acusaciones y una posible reparación

El ministro Monteros contextualizó el momento en que se producen estas acusaciones. Señaló que ocurren en un período “particularmente delicado” para la provincia, donde el gobierno está abocado a asistir a las familias afectadas por las inundaciones y coordinar operativos de emergencia en el interior.

“La crítica política es legítima en democracia, pero las acusaciones falsas y las difamaciones no pueden ser toleradas”, se remarca en la comunicación oficial enviada a la diputada nacional.

En un gesto que busca darle un destino social a este conflicto, Monteros anticipó un posible uso de la indemnización. En caso de avanzar con las acciones civiles y obtener una condena, la eventual indemnización será destinada a las familias afectadas por las inundaciones en La Madrid, una de las zonas más golpeadas por el reciente temporal.