Molino Fénix: el arrepentido que contó cómo salieron los muebles y quién daba las órdenes

El exresponsable del área contable del Complejo Molino Fénix se sentó frente al juez de Garantía Santiago Ortiz y habló durante horas. Su declaración apunta directo a la exdiputada provincial Anabela Lucero y al legislador Joaquín Beltrán, a quienes la Fiscalía ya investiga por el presunto vaciamiento del complejo.

Se trata de Diego Torres, imputado en la causa. Declaró el jueves, el mismo día en que vencía la prórroga de su detención y cuando el Ministerio Público Fiscal pedía que se le dictara prisión preventiva. Al terminar la audiencia, Ortiz resolvió que cumpla dos meses de prisión domiciliaria.

Según su versión, él no decidía: ejecutaba. Y las órdenes, sostuvo, llegaban de Lucero y Beltrán, a los que identificó como “los jefes”.

Los muebles que salieron de noche

Uno de los episodios que relató fue el retiro de mobiliario del Molino Fénix entre la noche del 15 de junio de 2023 y la madrugada siguiente. Los bienes, dijo, se cargaron en un tráiler y se llevaron hasta una sede partidaria de Pringles y Bolivia, donde funcionaba un espacio vinculado a la campaña electoral de Lucero.

Torres reconoció que estuvo presente en el procedimiento y enumeró lo que se sacó: escritorios, sillones y una mesa grande de vidrio. Cuando los muebles ya estaban descargados, contó, envió una foto para avisar que la tarea había terminado y recibió la orden de cerrar y apagar las instalaciones.

Remeras, bolsones y colectivos

El otro eje de su declaración fue el supuesto uso de recursos del complejo durante la campaña de 2023. Torres afirmó que con fondos del Molino se compraron remeras y buzos con la imagen de Lucero, que ese año fue candidata a intendenta de Villa Mercedes.

También declaró que se adquiría mercadería para armar bolsones que después se distribuían con fines electorales, y que empleados del complejo participaban del armado. A eso sumó el pago de colectivos para trasladar gente a actos políticos y la emisión de cheques por 50.000 pesos que, según su relato, se presentaban como ayudas sociales y culturales.

La documentación que terminó en un basural

Torres también habló sobre el retiro y la destrucción de papeles. Según su testimonio, el 9 de diciembre de 2023 lo convocaron junto a otros trabajadores a la Casa de la Música. Ahí, afirmó, se separaron legajos, facturas y boletas que se guardaron en bolsas.

Después describió un operativo similar en las oficinas de Recursos Humanos del Molino Fénix. Parte de esa documentación habría sido trasladada en un carro y arrojada en un basural.

La destrucción de documentación ya formaba parte de la investigación. La acusación sostiene que también se habrían eliminado registros informáticos y material de cámaras de seguridad después del cambio de gobierno.

Cómo se manejaban los pagos

Por su rol en la contabilidad, Torres explicó ante el juez el circuito de pagos y transferencias. Dijo que Beltrán le mandaba las facturas por mensajes y le indicaba cuándo hacer las transferencias o preparar los cheques. Aclaró que él completaba los datos, pero que no firmaba: según su declaración, había tres personas autorizadas para firmar —Beltrán, Enzo Lucero y Exequiel Scarel— y se necesitaban dos firmas para concretar la operación.

La Fiscalía investiga si parte de esos mecanismos se usó para desviar fondos públicos con facturas y operaciones que no correspondían a servicios realmente prestados. La acusación estima que el perjuicio podría superar los 900 millones de pesos, aunque las pericias aún no están cerradas.

Quiénes están imputados

La causa involucra a seis personas y tiene como principales acusados a Lucero y Beltrán. La Fiscalía les atribuye, entre otros delitos, asociación ilícita, administración fraudulenta, ocultamiento y destrucción de evidencia.

Lucero está con prisión preventiva desde el 24 de agosto. Beltrán sigue en libertad porque mantiene sus fueros como diputado provincial y el pedido de desafuero está en trámite. También están imputados Enzo Lucero, Exequiel Scarel, Diego Torres y el empresario Christian Becher, cada uno en distinta situación procesal.

Los dichos de Torres ya son parte del expediente, pero deberán contrastarse con documentación, registros audiovisuales, pericias y el resto de las pruebas antes de que la Justicia defina responsabilidades penales.