Misiones ya tiene 30 residencias para adultos mayores, pero hay un detalle que pocos conocen

Las residencias para adultos mayores habilitadas en Misiones crecieron un 50% en lo que va del año y ya suman 30 espacios en toda la provincia, con otras cinco en etapa de revisión. Así lo confirmó a PRIMERA EDICIÓN la responsable de la Dirección de Gerontología del Ministerio de Salud Pública, Silvia Tarón, quien vinculó este avance a la necesidad de regularizar el sector tras el caso de un geriátrico irregular detectado en febrero en el barrio San Isidro de Posadas.

"Nos pusimos firmes en ese sentido y este año logramos habilitar ocho residencias de larga estadía, que para nosotros es un gran logro", indicó Tarón. La funcionaria describió que la demanda es alta: espacios como el Monoclínico de Miguel Lanús no tienen camas disponibles para nuevos ingresos.

El costo que complica a las familias

La directora de Gerontología se refirió al precio de estos espacios, que "hoy rondan entre 800 mil pesos para arriba", y advirtió que cada vez son mayores las dificultades para sostenerlo. "El problema es lo económico hoy. Lamentablemente ese es el problema que tenemos. Y por ahí nos sentimos atados de pies y manos porque realmente no podemos acompañarlos desde otro lugar más que asesorarlos y brindarles acompañamiento", dijo.

A finales de enero, la cifra provincial de residencias era menor a 20; siete meses después, el total ascendió a 30. Ocho de las nuevas habilitaciones fueron de residencias de larga estadía, en Posadas y en Guaraní.

La habilitación es un proceso largo: además de la cuestión edilicia (ventilación, accesibilidad y estado del inmueble), se exigen requisitos sanitarios y de recursos humanos. En el mapa de residencias hay cuatro categorías según los residentes que reciben. "La mayoría elige la cuarta categoría, que es tomar a todos los residentes que tengan alguna dificultad. Pero eso también va a exigir otras cuestiones que tienen que ver con los profesionales que van a asistir a esas personas", precisó Tarón.

La licenciada aseguró que uno de los problemas más importantes es el desconocimiento de la doble habilitación que necesitan las residencias. "Empezamos a trabajar con los municipios, porque muchos desconocían la función de la Dirección de Gerontología y que Salud Pública es un ente regulador. Más allá de que la Municipalidad brinde la habilitación comercial, también tiene que habilitarlo Salud Pública", dijo.

Cada residencia que pasa esa doble revisión obtiene un registro único, pero las inspecciones continúan. "La ley número 41 establece que cada cuatro meses es necesario realizar la inspección. Nosotros estamos haciendo cada seis meses", indicó Tarón. Las situaciones más detectadas son ambientes con poca ventilación y hacinamiento. En la provincia funcionan residencias con matrículas de entre 25 y 60 personas mayores conviviendo.

Como en su mayoría funcionan en inmuebles alquilados, muchas veces no hay posibilidades de implementar mejoras. Primero se presentan alternativas (por ejemplo, convertirse en hogar de día si hay hacinamiento). Si no se implementan modificaciones, se procede a la clausura. Actualmente hay cinco residencias en etapa de revisión para obtener su registro.

Abandono y judicialización

El contexto económico también se cruza con el crecimiento de los ingresos judicializados por abandono de adultos mayores. "Se hace difícil en este contexto" sostener el pago, tanto para quienes lo cubren con su pensión como para las familias. "Las residencias hoy rondan los 800 mil pesos para arriba. Entonces, se le hace difícil a las familias también poder sostener. Las personas que tienen alguna pensión, jubilación, cubren un porcentaje con eso y la familia aporta lo restante", describió Tarón.

Cuando no hay red de contención, la situación es más crítica. "Hay muchas situaciones de abandono de las personas adultas mayores que no tienen red familiar", indicó, y en esos casos se recurre a la Justicia para determinar el destino de esa persona. "Hoy tenemos colapsado el tema de camas, no tenemos camas en el geriátrico Miguel Lanús", advirtió. La situación obligó a revisar cada caso antes de judicializar: "Hay personas que tienen la cobertura de PAMI o el IPS, entonces tratamos de trabajar con el Servicio Social de cada una de esas dependencias porque ellos sí tienen convenios con algunas residencias".

Entre las alternativas, Tarón destacó la de los cuidadores domiciliarios, "para que no necesariamente tenga que ser una residencia".

Qué exige la normativa

Otro punto clave es el equipo de profesionales. La normativa provincial exige que por cada 10 camas haya un enfermero y un asistente gerontológico o acompañante terapéutico, y que en cada turno haya enfermeros y un director médico. También se evalúa la interdisciplina: médicos, nutricionistas, kinesiólogos y otras disciplinas.

"En admisión es muy importante también tener la historia clínica del paciente, que tenga el pedido de internación del médico de cabecera, y también se exige que haya un consentimiento informado, un acta acuerdo entre las dos partes, la familia o el residente y la institución. Son puntos clave", aseguró Tarón.