El IPRODHA ya tiene el marco para intervenir en los barrios populares de Misiones, pero la resolución deja abierto el punto que más pesa: cuánto dinero habrá y en qué momento se podrá pedir la asistencia. Las familias que cumplen los requisitos de prioridad ya saben qué mirar.
El Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA) puso en marcha un nuevo esquema para intervenir en los barrios populares de Misiones. La medida quedó formalizada a través de la Resolución Reglamentaria 244/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial de la Provincia, y crea el Plan Misionero de Desarrollo e Integración de Barrios Populares (MiDIBP).
El programa abarca desde reparaciones de viviendas y mejoras sanitarias hasta la regularización de terrenos, obras de infraestructura comunitaria y acciones de desarrollo social. La lógica: articular los programas que ya existen en lugar de avanzar con intervenciones aisladas.
El número que explica el desafío
Los fundamentos de la resolución incluyen un diagnóstico contundente. En Misiones hay 413 barrios populares identificados en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), donde viven 59.344 familias.
Son sectores marcados por las dificultades para acceder a la propiedad formal de la tierra y a los servicios esenciales. El propio registro define barrio popular como un asentamiento de al menos ocho familias agrupadas o contiguas donde más de la mitad de sus habitantes no tiene título de propiedad del terreno ni acceso regular a por lo menos dos servicios básicos, como agua corriente, electricidad con medidor domiciliario o red cloacal.
Sin embargo, esa cifra de familias no equivale a un compromiso de cobertura universal. El plan prevé un mecanismo de selección de intervenciones sujeto a evaluaciones técnicas y sociales y a la disponibilidad presupuestaria. Dicho de otro modo: no todos los hogares identificados recibirán asistencia.
Qué contempla el plan y cómo se organiza
El programa se estructura en cinco ejes. El primero apunta a la regularización de la tenencia de tierras, con herramientas de mediación entre propietarios privados y ocupantes de los barrios para dar mayor seguridad jurídica a las familias.
El segundo eje se concentra en la reparación y ampliación de viviendas, sobre todo aquellas con techos deteriorados, sin instalaciones sanitarias o en condiciones de hacinamiento. Allí se enmarca la continuidad de herramientas que el organismo ya aplica, como Plan Techo y Arreglo Mi Casa.
Las obras podrán incluir el reemplazo de cubiertas deterioradas, la reparación de paredes, la construcción o adecuación de baños, conexiones internas de agua y desagües, y ampliaciones para atender situaciones críticas de hacinamiento.
Un tercer componente está dirigido a los espacios de uso comunitario: comedores, merenderos y centros de contención social reconocidos por los propios barrios, a lo que se suman obras de infraestructura básica y mejoras de accesibilidad.
El quinto eje incorpora iniciativas de desarrollo comunitario, como huertas familiares y urbanas, talleres de autoconstrucción, capacitación en oficios y fortalecimiento de organizaciones barriales, en articulación con el programa Trabaja Misiones.
Quiénes tendrán prioridad
La resolución fija criterios para identificar a los hogares con mayores necesidades y definir qué tipo de asistencia corresponde en cada caso. Entre las situaciones prioritarias aparecen los hogares con niños, personas mayores o personas con discapacidad; las familias cuyos ingresos no alcanzan para afrontar reparaciones por cuenta propia; y las viviendas o instalaciones comunitarias que hayan sufrido daños graves por fenómenos climáticos extraordinarios.
En las intervenciones individuales se evaluarán especialmente las filtraciones continuas, el deterioro de techos, la falta de cerramientos, la necesidad de ampliar dormitorios y la ausencia de servicios sanitarios básicos.
Cómo se pedirá la asistencia
El anexo de la resolución establece un procedimiento administrativo de seis etapas, desde la presentación de la necesidad hasta la verificación de los trabajos. Las solicitudes podrán presentarlas los propios titulares de las viviendas o canalizarse a través de municipios, referentes barriales y organismos públicos. El IPRODHA también podrá detectar casos mediante sus propios relevamientos.
En todos los casos se conformará un registro único de solicitudes con datos personales, de contacto y domicilio de quienes pidan asistencia. Luego, un equipo interdisciplinario visitará la vivienda para evaluar sus condiciones materiales y la situación social del grupo familiar, con fotografías, información sobre la composición del hogar y datos vinculados con la salud y la vulnerabilidad de sus integrantes.
Con esa base se elaborará un dictamen técnico y presupuestario que determinará la solución más adecuada. Aprobada la intervención, se ejecutará la obra y después se hará una inspección para comprobar los trabajos. La asistencia recibida quedará registrada en el sistema del organismo.
Lo que la resolución todavía no define
El texto publicado este viernes deja varios puntos abiertos. No establece una fecha de apertura de inscripciones, ni un cronograma territorial, ni un plazo máximo para resolver las solicitudes. Tampoco fija cuántas viviendas deberán repararse durante 2026 o 2027.
El aspecto más sensible es el presupuestario: la Resolución 244/2026 no contempla una partida propia, ni montos por familia, ni objetivos anuales de cobertura, ni un calendario de ejecución por municipios. La implementación se plantea mediante la articulación de programas vigentes y futuros, con intervenciones que deberán evaluarse y aprobarse según las posibilidades técnicas y presupuestarias.
En ese marco, el nuevo esquema se relaciona con la planificación general del organismo para el próximo ejercicio. Como informó PRIMERA EDICIÓN en agosto, durante la presentación del proyecto de presupuesto 2027, el presidente del IPRODHA, Juan Carlos Pereira, detalló una proyección de 12.367 soluciones habitacionales para el año próximo, con distintas líneas de trabajo y regularización dominial. Entre los objetivos mencionados figuraban unas 6.562 intervenciones del Plan Techo, además de 2.970 escrituras y alrededor de 700 boletos de compraventa.
Esas metas, de todos modos, corresponden a la planificación global del Instituto y no pueden atribuirse directamente al nuevo Plan de Desarrollo e Integración de Barrios Populares, porque la resolución publicada este viernes no establece esa vinculación presupuestaria.
El desafío que queda por delante es cómo se traducirá el instrumento reglamentario en intervenciones concretas, qué barrios serán seleccionados primero y qué recursos estarán disponibles para atender las demandas. Los problemas que aborda la normativa no se limitan a la falta de una vivienda adecuada: también comprenden dificultades estructurales de acceso al agua, al saneamiento, a la propiedad formal de los terrenos y a los espacios comunitarios.
Con la resolución publicada, el IPRODHA ya cuenta con un nuevo marco administrativo para coordinar esas acciones. La cantidad de familias efectivamente alcanzadas dependerá de las intervenciones que se aprueben, de los recursos disponibles y de la ejecución territorial del plan.
